Mucho se queja la población de los transformadores dañados, de cuántas más dificultades suman los días sin electricidad y otras vicisitudes en la familia cuando no se pueden reponer de inmediato, pero muchas interrogantes hay que hacer de las violaciones causantes de esas roturas en momentos en que las carencias tienen mayores consecuencias.

Lo ocurrido recientemente en calle 28, entre 43 y 45 en Pueblo Nuevo, en la capital de la Isla de la Juventud, con el dispositivo de ese tipo que funcionaba en la línea eléctrica de esta vía, fuera averiado por clientes irresponsables hasta el punto de interrumpir el servicio, confirma la envergadura de los daños ocasionados al vecindario por las ilegalidades en que incurren algunos.
“Alrededor de dos semanas estuvimos sin electricidad por las tendederas instaladas por personas egoístas que causaron fallas al sobrecargar el sistema”, denunció una madre de tres pequeños que agradeció la labor los linieros de la Empresa Eléctrica, que en ese barrio no solo repusieron el transformador dañado, sino que también retiraron los cables instalados de forma ilícita.
El Ingeniero José Luis Arcia Gómez, director de Redes de la entidad, explica que “acudimos con nuestras brigadas al lugar a darle respuesta a una de las quejas y alertas de la propia población y encontramos un delito muy grave en estos momentos: el robo de electricidad, por lo que además de denunciar a los implicados ante el Tribunal Popular, les retiramos el servicio del circuito soterrado donde estaban conectados y pusimos en el A133 que funciona con el sistema de (12×3) 12 horas sin energía y tres con electricidad”.

“Lo más grave -enfatiza Arcia Gómez- es que ese delito puede considerarse como sabotaje por sus implicaciones y agravar los daños a la población, pero no nos quedaremos aquí, todas las violaciones de este tipo la seguiremos atacando paulatinamente como colectivo, de manera firme, a partir de las denuncias de los vecinos, sin que nos tiemble la mano, porque no podemos permitirlo como pueblo”.
“En este momento hay 28 transformadores dañados”, agrega Arcia refiriéndose a lo reportado el jueves 17 de septiembre, y prosigue: “la cifra varía, pero en gran parte son afectados por irregularidades de este tipo que agravan los perjuicios a los clientes porque no siempre pueden repararse de inmediato los equipos averiados ni disponemos de los necesarios para reponer”.
Cira Padrón Sala, directora Comercial de la Eléctrica, explica que “entre otras medidas aplicadas a infractores como estos, que además de ponerlo en manos de la Justicia, se multa con 500 pesos inicialmente por violación y cobra lo dejado de facturar, según el Decreto ley 260”.
En esa ofensiva no faltó el encuentro con los vecinos de esas cuadras, donde el pueblo cerró filas contra tan repudiables conductas y le puso energía a una batalla por el ahorro, la vigilancia popular frente a las ilegalidades y la unidad en la preservación del orden.
Amplía Cira que la Eléctrica actúa igualmente en el Paseo Martí para velar y controlar porque los trabajadores por cuenta propia y otras nuevas formas de gestión, cumplan con lo establecido para sus negocios en la cocción de alimentos sin el empleo de electricidad, sino con carbón o leña, como las actividades de pizzería o panadería, y “en cuyos recorridos tanto en el bulevar como otros espacios detectamos infracciones contra las que actuamos de manera inmediata”.
Muchas de las denuncias de la población verificadas proceden como delitos de robo de electricidad en el área residencial, que obligan a la imposición de multas y a no tolerar las infracciones.
En medio del acoso energético del Gobierno estadounidense tales violaciones además de constituir ilegalidades son indignas, indeseables, dañinas, disgustan y cuestan caro.
Los fraudes asociados al consumo eléctrico representan pérdidas significativas para la Empresa y el país, afectan la calidad del servicio, sobreexplotan los circuitos y distorsionan los indicadores, por lo que directivos y trabajadores refuerzan, con toda razón y urgencia, los mecanismos de control y aplican sanciones más severas en aras de frenar un fenómeno que mucho afecta a la eficiencia del sistema eléctrico, a sus transformadores y, más que todo, al pueblo.
