Ciudad de Guatemala, 13 jun (Prensa Latina) La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala desactivó desde enero pasado hasta hoy casi 200 cámaras de videovigilancia ilegales, presuntamente instaladas por mareros (pandilleros) en diferentes zonas de la urbe.
Son más de 178, vinculadas a grupos criminales para la venta de drogas al menudeo, sobre todo en la 18 y la 6, además de la 17 y 24, colindantes con el área norte de la ciudad, declaró el director general de esa fuerza del orden interior, David Custodio Boteo.
Esa cifra aumentará conforme la institución incursione en otros municipios y zonas capitalinas con alta actividad de ese mismo flagelo, subrayó el funcionario.
Este sábado, según divulgó la PNC en sus redes sociales, sumaron la desinstalación de otras 11 en una casa en la zona seis, supuestamente vinculada a la pandilla Barrio 18.
Describió que el trabajo de los equipos de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales permitió ubicar el inmueble (punto de distribución) y capturar a algunos terroristas, sin precisar los nombres ni la cantidad.
Las cámaras, trascendió aquí antes, estaban colocadas en postes del alumbrado eléctrico y otras estructuras y, aparentemente, servían para que los integrantes de las referidas redes delictivas pudieran mantener una vigilancia activa en ese sector.
Los uniformados utilizaron drones y otras tecnologías para la inspección del área, y procedieron luego a la desactivación y retiro de los equipos.
En mayo último fuerzas de seguridad desmantelaron 24 cámaras en las zonas tres y 13 de la urbe. Estos operativos siguieron a los realizados en la 18, en la aldea Lo de Rodríguez y el barrio Santa Mónica, en donde se retiraron cinco equipos pertenecientes al Barrio 18.
A fines de febrero la PNC y el Ejército retiraron 14 cámaras clandestinas instaladas por criminales en colonias de la zona 7.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala, bajo el marco de iniciativas como el Plan Centinela Metropolitano, persigue con estas acciones objetivos estratégicos para desmantelar el poder operativo de estas pandillas.
Entre ellos frenar el control territorial y la intimidación, neutralizar la alerta temprana contra operativos de uniformados, cortar el mando remoto (incluso desde las prisiones) y recuperar ciertos espacios públicos.
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