Hay una manera sencilla de contar lo que está pasando en los hogares argentinos, cuando el salario no alcanza, aparece la deuda. Y cuando la deuda tampoco alcanza, aparece la mora.
Los números ya no permiten presentar el problema como una suma de decisiones individuales equivocadas. El 8 de agosto, el Banco Central informó que la morosidad de las familias había trepado al 12,8%, el nivel más alto en dos décadas. La consultora Analytica calculó que 19,8 millones de personas tenían al menos una deuda en mora entre tarjetas, billeteras virtuales, fintech y mutuales. Días después, la Universidad Austral y los consultores de EcoGo mostraron que la mora del crédito a personas físicas se había quintuplicado en apenas 18 meses, del 3,6% en diciembre de 2024 al 17,5% en junio de 2026.
No es un problema marginal, ya son son 5,3 millones de personas con atrasos superiores a 90 días, además, otro dato que debería encender todas las alarmas es que el pago de las deudas ya absorbe el 24% de la masa salarial. Mientras tanto, las billeteras virtuales exhiben una morosidad del 29,6%, según CEPA, por encima incluso del máximo registrado durante la pandemia. La Consultora 1816 ubicó a la Argentina como el país de América Latina con mayor cartera irregular, con 7,6%, frente al 3,9% de Brasil y el 2,4% de Chile. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, la mora alcanza un extraordinario 42,8%.
Sin embargo, frente a este escenario, aparece una explicación que desplaza la responsabilidad hacia los propios hogares. En julio, el economista Adrián Ravier, actual vocero presidencial, sostuvo que quienes no podían pagar sus tarjetas debían aprender a administrar mejor sus ingresos y conocer cuál era el límite de gasto compatible con sus recursos.
El razonamiento resulta peligroso, si millones de personas se endeudan simultáneamente, si la mora crece en bancos, tarjetas, billeteras virtuales y fintech, y si el fenómeno alcanza especialmente a los jóvenes, resulta difícil sostener que estamos simplemente frente a millones de argentinos que de repente olvidaron administrar su dinero.
La pregunta incómoda es otra, ¿qué sucede cuando el ingreso que debería financiar la vida cotidiana deja de alcanzar?
Una familia no se endeuda necesariamente para comprar un lujo. Muchas veces se endeuda para comprar alimentos, pagar servicios, afrontar el alquiler, cargar combustible o cubrir una emergencia. La tarjeta y el préstamo dejan de ser instrumentos para adelantar consumo y se convierten en una extensión del salario.
Cuando el crédito comienza a ocupar el lugar que debería ocupar el ingreso, la economía puede aparentar que funciona durante un tiempo. El consumo se sostiene, las estadísticas pueden mostrar actividad y las plataformas financieras multiplican sus operaciones. Pero debajo de esa superficie se acumula una deuda que tarde o temprano reclama su pago.
La explicación de Luis Caputo, que atribuye el aumento de la morosidad a la suba de las tasas durante 2025, tampoco alcanza. Las tasas pueden agravar el problema, pero no explican su origen. Una tasa más alta puede hacer impagable una deuda; un ingreso insuficiente es lo que obliga, en primer lugar, a recurrir al crédito para sobrevivir.
Y hay un dato reciente que vuelve todavía más significativo el fenómeno. El propio Fondo Monetario Internacional reconoció que está monitoreando el aumento de la morosidad de los hogares argentinos. El organismo aclaró que, por ahora, no considera que constituya un riesgo significativo para la estabilidad financiera. Su argumento es que el endeudamiento de los hogares equivale aproximadamente al 8% del PBI, mientras que los bancos mantienen niveles adecuados de capital y liquidez y cuentan con provisiones que cubren más del 85% de los créditos morosos.
La precisión del FMI es importante, pero también revela algo que suele perderse en la discusión, que la morosidad todavía no sea una amenaza para los bancos no significa que no sea una amenaza para los hogares.
El sistema financiero puede estar suficientemente protegido frente a los incumplimientos. Las familias, en cambio, no tienen esa protección. Una refinanciación puede evitar que un banco registre inmediatamente una pérdida, pero no elimina la deuda de quién debe pagarla. La deuda simplemente cambia de forma, se extiende en el tiempo y puede terminar absorbiendo una porción cada vez mayor del ingreso futuro.
Por eso la morosidad de los hogares debería leerse como un indicador económico tan importante como la inflación, el desempleo o el salario real. Porque muestra algo que otros indicadores pueden esconder, la capacidad de las familias para sostener su vida cotidiana con sus propios ingresos.
Casi 20 millones de personas con alguna deuda en mora no son veinte millones de malas administraciones individuales. Son la expresión de un problema colectivo.
El crédito puede postergar la crisis familiar, pero no resolverla, más aún la agrava. Puede pagar hoy lo que el ingreso no pudo pagar, pero genera una obligación para mañana. Y cuando mañana llega, aparece una nueva deuda para cancelar la anterior. Así se construye una economía sostenida a crédito.
El problema es que los hogares pueden refinanciar una deuda, pero no pueden refinanciar indefinidamente su salario.
Para los bancos, por ahora, puede no haber una crisis. Para millones de familias, la crisis ya se expresa cada mes cuando llega el resumen de la tarjeta.
Cuando el salario deja de alcanzar, la deuda empieza a pagar la cuenta. Y cuando la deuda se vuelve impagable, lo que aparece detrás de la mora no es simplemente una familia que gastó demasiado, es una economía en la que trabajar ya no garantiza cubrir las necesidad básicas de una vida digna.
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