San Juan, 3 nov (Prensa Latina) Más de 13 millones de dólares fueron emitidos en pagos a personas fallecidas por cuatro sistemas de retiro del Gobierno de Puerto Rico, revela hoy un informe de la contralora Carmen Vega Fournier.
La funcionaria estableció que las irregularidades fueron identificadas en 56 mil 712 pagos por un total de 13 millones 257 mil 577 dólares destinados a nueve mil 180 cuentas bancarias, después de más de 60 días del deceso de la personas beneficiaria.
La contralora Vega Fournier solicitó al Departamento de Justicia proceder con las acciones legales para recobrar el dinero pagado de forma indebida.
En uno de los casos, una cuenta perteneciente a un pensionado fallecido el 1 de febrero de 2016 recibió 93 pagos mediante cheque hasta el 31 de agosto de 2026, por un total de 75 mil 462 dólares.
La auditoría evaluó pagos del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, el Sistema de Retiro para Maestros y el Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.
“Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de fortalecer los controles y el intercambio de información para detener oportunamente los pagos tras el fallecimiento de un pensionado”, expresó la contralora de Puerto Rico.
Destacó que cada desembolso indebido afecta los recursos públicos y exige acciones firmes para recuperar los fondos y prevenir que situaciones como estas se repitan, pues la investigación arrojó que 16 cuentas de beneficiarios fallecidos reflejaban pagos hasta el 31 de agosto de 2026 por 128 mil 899 dólares.
La Contraloría de Puerto Rico recomendó a los administradores de los sistemas de retiro considerar los referidos emitidos el 27 de octubre de 2026 e implantar mecanismos eficaces para identificar oportunamente el fallecimiento de pensionados y beneficiarios, detener los pagos y orientar sobre las responsabilidades de notificación.
Además, recomendó a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, tomar las acciones legales para recobrar los fondos pagados indebidamente y encausar los posibles actos de apropiación ilegal.
“La coordinación ágil entre los sistemas de retiro, el Registro Demográfico y las entidades financieras es indispensable para proteger el erario”, añadió la contralora Vega Fournier.
Aseguró que sus recomendaciones procuran que cada organismo establezca mecanismos de verificación continua, detenga los pagos con prontitud y actúe para recobrar todo desembolso indebido.
