Brasilia, 3 nov (Prensa Latina) El Senado brasileño retoma hoy el debate sobre una reforma constitucional de seguridad pública, cuya aprobación enfrenta diferencias entre el Gobierno y la oposición por la reducción de la edad penal.
La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 18/2025, impulsada por el Ejecutivo, figura en la agenda del pleno para las 16:00, por decisión del presidente de esa cámara, Davi Alcolumbre.
Esa iniciativa busca reorganizar el sistema nacional de seguridad y fortalecer la coordinación entre la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios en la prevención y el enfrentamiento al crimen organizado.
Como principal punto de discordia se encuentra la inclusión de cambios en la edad de responsabilidad penal, asunto que no figura en la versión aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, el pasado 14 de octubre.
El senador Rogério Marinho, del Partido Liberal, propone disminuirla de 18 a 16 años como regla general y a 14 para delitos como crímenes atroces, tortura, tráfico de drogas y terrorismo.
Por su parte, Camilo Santana, del Partido de los Trabajadores (PT), presentó una enmienda para establecer la responsabilidad penal a partir de los 16 años únicamente en casos de crímenes atroces, sin modificar la edad vigente para el resto de las infracciones.
El desacuerdo llevó a Alcolumbre a retirar la propuesta de la agenda el 15 de octubre, con el argumento de que era necesario alcanzar un entendimiento sobre las enmiendas.
A su vez, el Gobierno defiende que la discusión sobre la edad penal se tramite por separado, para evitar modificaciones que obliguen a devolver el texto a la Cámara de Diputados.
Para ser avalada, la PEC necesita al menos 49 votos favorables, equivalentes a tres quintos de los integrantes del Senado, en dos turnos de votación.
Un calendario especial aprobado por los legisladores permite acelerar el procedimiento y abre la posibilidad de que ambos turnos se realicen durante la misma jornada, si se alcanza un acuerdo.
Entre los principales cambios previstos figura la incorporación del Sistema Único de Seguridad Pública a la Constitución, con mecanismos para compartir información, coordinar operaciones y articular las instituciones de los distintos niveles de gobierno.
El texto también amplía las atribuciones de la Policía Rodoviaria Federal, que podrá actuar en el patrullaje de ferrocarriles y vías navegables federales, y contempla la creación de policías municipales para tareas de patrullaje preventivo y comunitario.
Asimismo, establece condiciones más rigurosas para integrantes de facciones criminales, milicias y organizaciones paramilitares, incluidas restricciones a beneficios penales y la posibilidad de cumplir condenas en centros penitenciarios de máxima seguridad.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que pretende crear un Ministerio de Seguridad Pública una vez promulgada la reforma constitucional, con el propósito de ampliar la coordinación federal en esa área.
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