Representante mexicano en la OEA rechaza presuntas violaciones a derechos laborales de médicos cubanos

Foto: Prensa Latina.

Ante la presentación del informe Derechos laborales del personal sanitario en misiones médicas provenientes de Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas, expresó este viernes reservas sobre sus conclusiones y defendió las condiciones en que trabajan los médicos cubanos en territorio nacional.

Durante el acto de divulgación del documento, efectuado en el marco del período ordinario de sesiones de la OEA, el diplomático mexicano subrayó la importancia de reconocer los alcances y limitaciones del estudio, al tiempo que evidenció las diferencias sustanciales entre la realidad mexicana y los casos denunciados en otras naciones.

El informe, elaborado por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), expone, a partir de 71 testimonios, presuntas violaciones laborales y de derechos humanos en misiones médicas, con énfasis en Venezuela.

En la ceremonia de presentación del documento, Encinas señaló que México “toma nota” del documento y coincidió en la importancia de promover la observancia de los derechos humanos en la región, aunque subrayó que los hallazgos no pueden generalizarse.

“La situación a la que se refiere el informe no puede generalizarse al analizar solo 71 casos de miles que existen”, sostuvo, al precisar que en México han laborado más de 2 500 médicos cubanos.

En ese contexto, defendió el acuerdo de cooperación con Cuba para atender el déficit de especialistas, particularmente en comunidades remotas y de alta marginación, y destacó que dicho programa ha sido clave para llevar servicios de salud a poblaciones históricamente desatendidas.

Encinas afirmó que en México el personal médico internacional cuenta con condiciones laborales equiparables a las de los especialistas nacionales. “Mismo salario que un especialista nacional. El pago se realiza directamente al médico sin ningún subsidio especial”, indicó.

Asimismo, añadió que, en muchos casos, se les proporciona vivienda y alimentación, y que algunos han establecido vínculos familiares en las localidades donde prestan servicio, lo que evidencia un proceso de integración respetuoso con las comunidades receptoras.

También rechazó que existan restricciones a la libertad de los médicos. “Sus documentos no son retenidos y tienen plena libertad de incorporarse a cualquier institución pública o privada”, dijo.

Como ejemplo, mencionó que al menos en 75 casos el gobierno mexicano ha contratado directamente a estos profesionales al término de su participación en el programa, demostrando la voluntad de retener el talento formado durante la colaboración.

Asimismo, aseguró que la contratación de médicos extranjeros no desplaza a personal nacional. “Cada plaza cubierta por un médico internacional estuvo precedida de al menos tres convocatorias públicas sin respuesta”, explicó.

En su opinión, estos profesionales ocupan vacantes que de otro modo permanecerían sin cubrir y contribuyen a reducir el rezago en la atención especializada en zonas vulnerables, un problema estructural que afecta a varias regiones del país.

Encinas defendió que la cooperación con Cuba responde a una política soberana y solidaria. “Se trata de un acuerdo legítimo y necesario que rescata lo mejor de las tradiciones de los pueblos”, expresó.

Al mismo tiempo, advirtió que la defensa de los derechos humanos no debe implicar “contravenir el derecho internacional o pretender tutelaje alguno”, en clara alusión a las críticas que buscan descalificar los mecanismos de colaboración Sur-Sur.

Indicó que México dará seguimiento a las observaciones de la relatoría, aunque consideró que la experiencia mexicana “no está valorada en este informe”, por lo que se realizará un análisis más puntual de los casos documentados.

En ese sentido, reiteró la disposición de su gobierno a compartir su modelo de cooperación sanitaria como un ejemplo de buenas prácticas que podría enriquecer el debate regional sobre los derechos laborales del personal médico migrante.

(Con información de La Jornada)

 

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