El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, calificó este miércoles como “fraudulenta” la acusación presentada en Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, y otros dirigentes cubanos.
“Y es fraudulenta porque no tiene asidero legal, no tiene asidero político ni asidero moral”, expresó el alto diplomático cubano.
Durante su intervención en la Mesa Redonda, Fernández de Cossío afirmó que esta acción “debe verse como parte de la escalada agresiva, creciente, que hemos visto a lo largo de este año de parte de Estados Unidos contra Cuba”.
“No se trata de un hecho aislado; forma parte de esa agresividad, de un acto canalla dentro de esa agresividad”, afirmó.
El viceministro señaló además que puede interpretarse “como una especie de favor político a una camarilla no representativa de Estados Unidos, ni siquiera representativa de los cubanos que viven en Estados Unidos”, pero que posee una influencia desproporcionada debido, dijo, “a la naturaleza corrupta del sistema político de Estados Unidos”.
También alertó sobre una campaña mediática en torno a una supuesta agresión militar contra Cuba.
“Debe verse también como parte de un fenómeno que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, en el que se ve a la gran prensa internacional y a varios medios de la gran prensa estadounidense empujando y alimentando la idea de la supuesta inevitabilidad de una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba”, sostuvo.
Según explicó, algunos medios pueden estar motivados “por solicitudes del propio gobierno de Estados Unidos” o “por el afán sensacionalista de vender la noticia”.
La verdad de los hechos
Fernández de Cossío recordó que la acusación se sustenta en el derribo de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996, tras violaciones reiteradas del espacio aéreo cubano.
“Hay que decir, ante todo, que este es un hecho en el que existe una responsabilidad absoluta del gobierno de los Estados Unidos. Se perdieron vidas y existe una responsabilidad absoluta del gobierno de los Estados Unidos”, afirmó.
El viceministro recordó que entre 1994 y 1996 la organización terrorista Hermanos al Rescate realizó decenas de incursiones aéreas sobre territorio cubano.
“En 25 ocasiones el gobierno cubano se dirigió por vía diplomática al Departamento de Estado y a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, no solo denunciando el hecho, sino expresando la preocupación por el peligro que esto entrañaba”, explicó.
Añadió que Cuba advirtió reiteradamente que tendría que tomar medidas ante esas violaciones del espacio aéreo.
“Nuestro gobierno reclamó además al gobierno de los Estados Unidos que retirara las licencias de vuelo. Incluso, en aquella época, el gobierno de Estados Unidos llegó a retirarle la licencia de vuelo al líder de esa organización, un tal Basulto. Y aun así continuó volando, con conocimiento del gobierno y de las autoridades estadounidenses”, señaló.
Recordó igualmente que el 15 de enero de 1996 el gobierno cubano emitió un comunicado público en el que advertía que cualquier aeronave que volara sobre el espacio aéreo cubano sin autorización “sería interceptada y, de ser necesario, neutralizada”.
Fernández de Cossío insistió en que las violaciones del espacio aéreo cubano “no eran secretas”.
“Esto no lo conocía Cuba por información de inteligencia o secreta. Era público. Se divulgaba por la radio y se alardeaba de ello, como se alardeaba de las acciones terroristas”, afirmó.
También recordó que José Basulto llegó a invitar a medios locales de Miami a acompañar vuelos sobre La Habana “para demostrar la impunidad con la que lo hacía y comentar que Cuba no contaba con defensas para proteger su espacio aéreo”.
El viceministro aseguró además que Cuba trasladó advertencias directas al entonces presidente de Estados Unidos semanas antes de los hechos.
“El gobierno cubano llegó incluso, en enero de 1996, a trasladar un mensaje directo al presidente de los Estados Unidos, y hubo constancia de que se recibió, advirtiendo y alertando sobre este peligro”, dijo.
Añadió que el día de los hechos las autoridades estadounidenses conocían que la incursión aérea iba a ocurrir.
“Se sabe que el gobierno de Estados Unidos, tanto el Departamento de Estado, como el Consejo de Seguridad Nacional y la autoridad de Aviación Civil, conocían que esta incursión iba a ocurrir. Lo conocían incluso desde la noche anterior. Lo conocía la Casa Blanca y no actuó”, afirmó.
“Tomaron la decisión de no actuar. O sea, hubo complicidad en ese hecho”, agregó.
Fernández de Cossío señaló además que posteriormente se conocieron comunicaciones de agencias estadounidenses en las que se reconocía que esas acciones constituían violaciones del derecho internacional y se advertía sobre las posibles consecuencias.
“Alertaban sobre el peligro que esto tenía e incluso mencionaban un escenario catastrófico, de consecuencias nefastas, si continuaban estas provocaciones”, indicó.
“La acción de Cuba en ese momento fue en defensa de su soberanía y de la paz. Cuba ejerció, con una gran demostración de paciencia y tolerancia durante años, el derecho a proteger su espacio aéreo y la paz del pueblo cubano”, sostuvo.
El viceministro insistió en que “esa es la verdad histórica, esa es la verdad de los hechos”.
“Cuba reclamó repetidas veces al gobierno de los Estados Unidos que actuara y no lo hizo. Por tanto, estamos ante un acto en el que hubo una responsabilidad absoluta del gobierno de los Estados Unidos”, afirmó.
Resistencia feroz del pueblo cubano
Sobre los ciudadanos cubanos acusados hoy por el Departamento de Justicia de EE.UU sin ningún basamento jurídico, expresó que “actuaron cumpliendo con un deber: el deber de proteger el espacio aéreo, la patria y la paz de los cubanos”.
“Lo que se hizo hoy no fue un acto de justicia; fue un acto de injusticia contra un grupo de compañeros cubanos, encabezados por el General de Ejército, que estaban cumpliendo con su deber”, afirmó.
Fernández de Cossío advirtió además que esta acusación “conlleva una amenaza adicional”.
“Se conoce la práctica oscura de los Estados Unidos de utilizar acusaciones como estas para actuar militarmente contra estados soberanos. Su amparo no es la justicia; su amparo es el uso del poderío militar descomunal que tiene el gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo.
Finalmente, aseguró que “cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano”.
“Sin duda, además, Miami fue un escenario escogido para alentar y contentar a esa mafia”, concluyó.
Fundamentos del derecho internacional
Entre tanto, el director de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Yusnier Romero Puente, ofreció un detallado recuento de las violaciones del espacio aéreo cubano cometidas por la organización terrorista “Hermanos al Rescate” durante la primera mitad de la década de 1990.
Romero Puente partió de la premisa establecida previamente en el programa por Cossío, quien situó entre 1994 y 1996 el período más álgido de estas agresiones. Según explicó el director del MINREX, fue precisamente en ese lapso cuando “las autoridades de aviación de Cuba documentaron más de veinticinco violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano” por parte de dicha organización.
“Cada una de estas violaciones fue denunciada formalmente por nota verbal ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Administración Federal de la Aviación Civil y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)”, subrayó el diplomático cubano, evidenciando la voluntad de La Habana de actuar dentro del marco legal, pese a la pasividad y complicidad de las autoridades norteamericanas.
Para ilustrar el contexto en que se desenvolvieron los hechos, Romero Puente citó varios ejemplos concretos que demuestran la sistematicidad y el carácter desafiante de las acciones de “Hermanos al Rescate”. Mencionó, en primer lugar, el 13 de julio de 1995, cuando “dos avionetas entraron en zona prohibida al norte de la capital, sobrevolaron La Habana a una altura muy baja y lanzaron propaganda”.
Asimismo, recordó que el 2 de septiembre de ese mismo año “cinco aeronaves –en esa ocasión Cessna– y cinco helicópteros” realizaron maniobras en apoyo a otra flotilla frente a Varadero. “El 9 y el 13 de enero –esto es, dos meses antes de que estos hechos ocurrieran (en alusión al derribo del 24 de febrero de 1996)– tres avionetas violaron el espacio aéreo al norte de la playa de Guanabo y Santa María del Mar y también lanzaron octavillas subversivas en varios puntos del litoral”, agregó.
Ante este escenario de provocaciones continuas, el director de Derecho Internacional del MINREX se propuso analizar el caso a la luz de tres aspectos esenciales del derecho internacional, centrándose inicialmente en el primero de ellos: ¿qué establece la normativa internacional acerca del derribo de aeronaves intrusas?
Romero Puente señaló como tratado rector en la materia el Convenio de Chicago de 1944, sobre Aviación Civil Internacional. “Los primeros cuatro artículos de la Convención de Chicago son una joya en relación a cómo debiera operar la aviación internacional”, afirmó.
Citó de manera precisa el artículo 1, según el cual “los estados reconocen que cada una de las partes contratantes tienen soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio”.
Aclaró que el artículo 2 define el territorio como “la extensión terrestre y las aguas territoriales adyacentes a ellas”, que para el derecho internacional –precisó– son “doce millas náuticas a partir de las líneas de base de la isla de la República de Cuba”.
Por último, el diplomático hizo hincapié en el artículo 4 del mismo convenio, que regula “de manera muy clara que los estados deben impedir el uso de la aviación civil internacional para fines incompatibles con la seguridad y la paz internacional”.
Con estos argumentos, Romero Puente sentó las bases jurídicas que, a juicio de Cuba, no solo condenan las acciones de “Hermanos al Rescate”, sino que también legitiman el derecho del Estado cubano a defender su soberanía e integridad territorial frente a violaciones deliberadas y reiteradas, en estricto apego a las normas que rigen la comunidad internacional.
Al profundizar en el análisis jurídico, Romero Puente fue contundente al señalar que, como resultado de las conductas reiteradas y deliberadamente hostiles de “Hermanos al Rescate”, “la condición de civil que tenía esta aeronave se fue perdiendo”. En este sentido, enfatizó que la Convención de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil “legitimó completamente al Estado cubano a defender su espacio soberano, a defender su territorio aéreo”.
El diplomático cubano fue claro al afirmar que “no vamos a poder identificar en la Convención de Chicago de 1944 ninguna conducta que hable de que el Estado cubano de alguna forma violó el derecho internacional”. Con esta declaración, desmontó de manera categórica las falaces imputaciones que durante casi tres décadas ha pretendido hacer valer el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba por el derribo de las aeronaves intrusas.
Complicidad y responsabilidad del gobierno estadounidense
Otro de los aspectos medulares abordados por Romero Puente fue “la complicidad y la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en estas actuaciones”. Para sustentar esta afirmación, el director de Derecho Internacional del MINREX ofreció un cronograma de advertencias que evidencia la pasividad deliberada de Washington.
Recordó que “el 15 de enero del 96 hubo una información a la población que se publicó en el periódico Trabajadores en la que se realizaba una advertencia pública y oficial”. En aquel texto, citó el diplomático, “se decía: cualquier aeronave que volara sobre el espacio aéreo sin autorización sería interceptada y de ser necesario sería neutralizada”.
Pero la advertencia no se limitó al ámbito doméstico. “Al día siguiente –precisó Romero Puente– se envió una nota diplomática, que fue la nota verbal número 45, al gobierno de Estados Unidos reiterando este anuncio público”. A pesar de ello, “siguieron los vuelos de ‘Hermanos al Rescate’ a Cuba y el gobierno de Estados Unidos no dice absolutamente nada para parar esos vuelos”, denunció.
En un momento relevante de su intervención, Romero Puente se refirió a documentos recientemente desclasificados que, a su juicio, sellan la responsabilidad estadounidense en los hechos. Mencionó específicamente un memorándum del 22 de enero de 1996 –apenas un mes y unos días antes del derribo del 24 de febrero– redactado por una funcionaria de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
El diplomático cubano citó textualmente el documento:
“Hemos recibido información del Departamento de Estado que otro vuelo no autorizado ocurrió el sábado 20 en la mañana. El avión, de acuerdo al Departamento de Estado, no sobrevoló La Habana ni arrojó propaganda. De acuerdo con las instrucciones de la semana pasada, este vuelo solo puede verse como una burla al gobierno cubano. El Departamento de Estado está cada vez más preocupado sobre las reacciones de Cuba a esta flagrante violación”.
Romero Puente subrayó la contundencia del texto, que reconocía además que Cuba había formulado preguntas a la autoridad aeronáutica estadounidense: “¿Qué está haciendo al respecto?”.
Pero la revelación más impactante del memorándum –según el funcionario del MINREX– es su conclusión: “El peor escenario es que uno de estos días se derribe uno de estos aviones y la FAA debería tener todo en orden para justificar lo que está sucediendo”.
“O sea –sentenció Romero Puente– hay una complicidad evidente que no se paró y que se pone sobre la mesa en este hecho ilícito internacional”.
La imputación contra el líder de la Revolución: un acto de soberbia imperial
En el último de los tres aspectos anunciados, el director de Derecho Internacional del MINREX se refirió a “la acusación contra el líder de la Revolución cubana, el General de Ejército Raúl Castro Ruz”. Calificó la imputación como algo que “carece, por supuesto, de todo sentido de justicia”.
“Se ha convertido en una moda que Estados Unidos se autoatribuye la función de juzgar todo lo que ocurre en el mundo”, denunció Romero Puente, quien calificó esta práctica como una extensión “cuasi universal y cuasi irresponsable” de su jurisdicción.
Frente a esta pretensión, el diplomático recordó un principio elemental del derecho internacional: “la igualdad soberana de los estados”. Explicó que “eso significa que ambos somos iguales como Estado y tus tribunales no tienen jurisdicción para conocer de hechos que ocurren en mi Estado o contra mis nacionales”.
“En los últimos tiempos –advirtió– hemos visto como Estados Unidos viola flagrantemente este principio y se atribuye una especie de jurisdicción universal en virtud de la cual se siente con el derecho de juzgar a un nacional de otro Estado por un hecho que ocurrió en su Estado, lo cual viola los principios básicos de igualdad soberana que es un pilar de las relaciones internacionales”.
Al cierre de su intervención, Yusnier Romero Puente respondió de manera categórica a la pregunta implícita sobre si existe algún debate jurídico legítimo en torno al caso. “Esto no es un tema legal–comenzó diciendo–. Si fuese un tema legal, no hay ninguna duda de que no estuviésemos acá en esta mesa discutiéndolo”.
Fue entonces que el diplomático resumió la posición de Cuba con una frase de alto voltaje político y jurídico: “Toda la razón le asiste a la República de Cuba, al gobierno cubano, que en su función de defender a la población cubana ha ejercido un derecho soberano, exclusivo y absoluto”.
“Por lo tanto –concluyó– no es una cuestión legal; aquí estamos ante una acción política que busca justificar esa política agresiva del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba y escalar hacia una agresión militar contra la Patria”.
Jorge Legañoa: “Hermanos al Rescate era un brazo terrorista de la componente anticubana de Miami”
Por su parte, el director de la agencia de noticias Prensa Latina, Jorge Legañoa, añadió elementos sustanciales al análisis, situando el debate en el terreno de las evidencias concretas y el simbolismo de la fecha.
“Yo creo que eso es lo primero que tenemos que simbolizar –afirmó Legañoa–. Que este grupo de ‘Hermanos al Rescate’ era un brazo terrorista de toda esta componente anticubana de Miami”.
El director de Prensa Latina subrayó que los argumentos que sustentan esta afirmación “han estado siendo expuestos en la mesa” y enfatizó que “recordar la fecha no es hablar solamente palabras vacías, sino hablar de cuáles son las pruebas que Cuba tiene”.
En otro momento de su intervención, Legañoa recordó las denuncias históricas realizadas por el entonces canciller Ricardo Alarcón, quien con autoridad y dominio de los expedientes “exponía por qué Estados Unidos no ofreció en su momento la posición de radar de donde estaban las aeronaves”. El director de Prensa Latina fue más allá al señalar que “hasta el día de hoy hay satelitales de Estados Unidos” que podrían esclarecer los hechos, pero que el gobierno norteamericano se ha negado sistemáticamente a mostrar.
Legañoa reprodujo el cuestionamiento esencial que en su momento planteaba Alarcón al referirse al caso del derribo del 24 de febrero de 1996 y a la causa de Los Cinco Héroes: “¿Dónde están las pruebas para que usted diga que estaban en aguas internacionales?”
El director de Prensa Latina abundó en los detalles de las violaciones cometidas por “Hermanos al Rescate”. Señaló que las 25 incursiones ocurridas en los veinte meses que precedieron al 24 de febrero de 1996 no fueron simples violaciones de espacio marítimo, sino que “sobrevolaron La Habana, Centro Habana, El Vedado, La Habana Vieja” y “lanzaron octavillas, o sea, papeles con mensajes contrarrevolucionarios”.
Para respaldar estas afirmaciones, Legañoa mencionó a un testigo de excepción: René González, uno de Los Cinco Héroes cubanos injustamente condenados en Estados Unidos por monitorear precisamente las actividades de grupos terroristas como “Hermanos al Rescate”. “René González –afirmó Legañoa– testigo de nuestro pueblo, incluso estuvo en esos vuelos y puede dar testimonio fehaciente de eso”.
Pero la evidencia no se limita a testimonios personales. El directivo de Prensa Latina recordó que “en uno de esos vuelos, o quizás en más de uno, hay imágenes incluso en algunos documentales nuestros”. Y fue más preciso: “Están las imágenes grabadas por periodistas”, en las que los propios pilotos de la organización terrorista “se jactaban de estar encima de La Habana y de que no pasaba nada desde el punto de vista militar”.
Legañoa coincidió con el director de Derecho Internacional del MINREX al referirse a la nota oficial publicada en el periódico Trabajadores el 15 de enero de 1996. “La advertencia era muy clara –subrayó–. Y volvieron de nuevo”.
Para el directivo de Prensa Latina, la conducta de “Hermanos al Rescate” no respondía a un supuesto afán humanitario o de salvamento, sino a un objetivo político claro: “Era un poco que presionar”. Y en ese contexto de violaciones sistemáticas, advertencias desoídas y complicidad del gobierno estadounidense, Cuba ejerció su legítimo derecho a la defensa de su soberanía.
“Por tanto –concluyó Legañoa en su intervención–, lo que estamos viendo ahora mismo” es la continuidad de una misma política agresiva, que entonces como ahora busca justificar el cerco imperial contra la Isla.
Treinta años después: un proceso judicial carente de legitimidad
Al profundizar en sus reflexiones, el director de Prensa Latina situó el debate en el contexto actual, a treinta años de los hechos acontecidos el 24 de febrero de 1996. “Más allá del proceso judicial que deshonra al pueblo cubano –advirtió Legañoa–, un proceso judicial carente de legitimidad, lo harán”. Y se preguntó: ¿Por qué Washington impulsa ahora, tres décadas después, una causa contra el General de Ejército Raúl Castro y otros líderes cubanos?
La respuesta, según el directivo de la agencia cubana, se inscribe en una estrategia de guerra psicológica dirigida a audiencias específicas. “Lo están buscando –explicó– es hacer creíble ese proceso ante la opinión pública internacional, y porque además le están hablando a sectores, a públicos que ni siquiera habían nacido el 24 de febrero de 1996”.
A través de las redes sociales y otras plataformas de la guerra psicológica, “van a hacer creíble que lo que pasó el 24 de febrero del 96 fue una ejecución y no un acto como el que nosotros estamos describiendo con las pruebas que Cuba puede mostrar sobre ese tema”.
Legañoa señaló
la metodología del imperio: “Lo harán creíble, aunque no sea la verdad lo que están contando”. Y subrayó que el gobierno estadounidense conocía perfectamente los planes de la organización terrorista.
“El gobierno estadounidense –afirmó Legañoa– lo sabía perfectamente”. Recordó que el 23 de febrero de 1996, apenas un día antes del derribo, “hay una actividad pública y el asesor presidencial Richard comenta con un grupo de compañeros que el 24 iban a volar sobre Cuba de nuevo ‘Hermanos al Rescate’”. Incluso, añadió, “el Departamento de Estado se preocupa por la salida de los aviones”, pero a pesar de tener múltiples señales, no se adoptó medida alguna para impedir la provocación.
Jorge Legañoa formuló una pregunta que a su juicio debería cerrar cualquier debate hipócrita sobre el derecho de Cuba a defender su soberanía:
“¿Qué haría el gobierno de Estados Unidos si mañana una avioneta del país que sea sobrevuela Nueva York o entra al espacio aéreo de Washington? ¿Qué haría? ¿Qué ha hecho?”
“Lo derribaría. Como ha sucedido en varias ocasiones, incluido personal civil, no personal militar. ¿Qué ha hecho? Defender su espacio aéreo”.
El director de Prensa Latina insistió que Cuba debe ser muy clara al exponer esta doble moral: “Yo creo que también tenemos que ser muy claros”. La nación que hoy pretende juzgar a los líderes cubanos por defender su cielo es la misma que sistemáticamente ha derribado aeronaves intrusas sobre su territorio, incluyendo casos fatales con ciudadanos inocentes a bordo.
La escalada de la narrativa anticubana y el simbolismo del 20 de mayo
Legañoa conectó el proceso judicial con el contexto político inmediato, advirtiendo sobre una escalada que combina narrativa y acciones concretas. “Es importante hoy –señaló– que Marco Rubio, secretario de Estado, hizo un mensaje incluso en español que más que un discurso diplomático podemos decir una pieza de comunicación política”.
El análisis del director de Prensa Latina desglosó los objetivos de ese mensaje en tres direcciones fundamentales. “Primero, deslegitimar al gobierno cubano”, acusándolo de concentrar sus ataques contra el sistema empresarial de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad –precisó Legañoa– “es una salida del gobierno cubano al bloqueo para poder sopesar todos los impedimentos que el bloqueo impone a nuestro país”.
En segundo lugar, la pieza de comunicación política de Rubio busca “posicionar a Washington como la única alternativa que tiene el gobierno cubano” y el pueblo cubano para superar la situación actual de crisis económica, generada precisamente por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.
Legañoa respondió con preguntas: “¿Quién es el que presiona económicamente? El gobierno de Estados Unidos. ¿Y quién impulsa la desesperación de la que hablaba Mallory en los sesentas? ¿Quién impuso el bloqueo petrolero a Cuba? ¿Quién ahora presiona jurídicamente con un caso que lo que busca es un marcado carácter simbólico? ¿Quién todos los días saca titulares que son presión psicológica sobre el pueblo cubano, diciendo ‘vamos a ir por ustedes, no hay otra solución’?”.
A pesar del clima de agresividad, el director de Prensa Latina recordó que Cuba mantiene su disposición al diálogo. “Dialogamos, conversamos, hay interacción, hay contactos puntuales con el gobierno de Estados Unidos”. Puso como ejemplo reciente que “la semana pasada estuvo una delegación con el director de la CIA, nada más y nada menos que con el director de la CIA en Cuba”.
“Hicieron todo lo que estaba posible a su alcance”, reflexionó Legañoa, para luego concluir: “Lo que tenemos que tener muy claro es que lo que han estado es presionando por todos lados”.
El 20 de mayo: recordatorio del intervencionismo yanqui
Finalmente, Legañoa situó la actual ofensiva en el calendario histórico del intervencionismo estadounidense en Cuba. “El 20 de mayo –preguntó – ¿Qué significa para la historia cubana? Intervencionismo”. La fecha que marcó el establecimiento de la pseudorrepública neocolonial, tutelada por Washington, sigue siendo hoy un símbolo que la derecha anticubana utiliza para marcar su agenda agresiva contra la Revolución.
“Ya hay una tradición anticubana de utilizar la fecha del 20 de mayo para marcar una agenda de escalada”, advirtió Legañoa, “y lo que hemos visto es una escalada no solamente en la narrativa, sino también en las acciones”.
Carlos Fernández de Cosío: “Es una guerra calculada para liquidar la economía cubana”
Al cierre de la Mesa Redonda, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, profundizó en las implicaciones de las decisiones anunciadas este 20 de mayo. En su opinión, el intento de encausamiento del General de Ejército Raúl Castro y de otro compañero cubano constituye “un uso ilegal de la justicia para fines políticos de Estados Unidos”.
Fernández de Cosío explicó que esta acción está “enraizada y conectada con la política de máxima presión y con todas las acciones de bloqueo financiero, económico, comercial y energético que Estados Unidos está desarrollando contra Cuba”. A su juicio, Washington busca con este conjunto de políticas “regresar a Cuba al pasado, volver a llevar a Cuba a una relación de dependencia política y económica de los Estados Unidos, hacer una especie de apéndice de Estados Unidos controlado por ese país”.
El viceministro calificó actos como los de hoy como “provocaciones” que buscan “generar pretextos y acercarnos a la amenaza de una agresión militar, a la amenaza de actos terroristas adicionales”. Pero advirtió que, en paralelo, existe “una guerra materializada concretamente, amplia y abrumadoramente contra el pueblo cubano” que durante décadas ha impuesto inmensas limitaciones a la economía nacional. Con el reforzamiento del bloqueo iniciado en enero de este año, dijo, se busca “desconectar absolutamente a Cuba de la economía internacional y por esa vía destruir la economía”.
Fernández de Cosío detalló las múltiples aristas de esta guerra económica: privar a Cuba de combustible, de fuentes de financiamiento, de insumos para la producción y el consumo popular, y de la capacidad de sostener servicios esenciales como la generación eléctrica, el suministro de agua, la producción de alimentos, el transporte público, el saneamiento y los servicios comunales. “Ese es el combustible que se requiere para la vida”, enfatizó.
El viceministro también se refirió a las presiones contra las líneas aéreas, el transporte marítimo y las empresas navieras que comercian con Cuba, así como contra los bancos y las empresas extranjeras que suministran partes e insumos para la salud y la industria. “Todas estas sufren la desprotección de sus respectivos gobiernos frente a la presión política y la coerción del gobierno de los Estados Unidos”, lamentó.
Ante el argumento de Washington de que castiga al gobierno cubano, Fernández de Cosío setenció: “Para cualquier persona honesta, cualquier observador, cualquier extranjero en Cuba, incluyendo los diplomáticos cubanos estadounidenses que radican en Cuba, honestamente, si se preguntan ¿a quién se castiga cuando se priva a toda una nación de sus fuentes de sustento? Es muy difícil, a no ser que haya una inmensa deshonestidad, sostener la idea de que se está castigando al gobierno y no al pueblo”.
El viceministro señaló: “Somos el pueblo cubano. El que sufre el efecto, la presión insoportable de las carencias en Cuba, la angustia cotidiana que tiene el pueblo, no tiene sentido que la describamos, puesto que la conocemos, y es el gobierno de los Estados Unidos, de manera fría y calculada, utilizando al pueblo cubano como rehén, con el ansia de obtener ventajas políticas y rendir a un país que ha luchado tanto en la defensa de su soberanía”.
Denunció además la campaña mediática paralela, “de gran intensidad y ampliamente financiada, dirigida a desvirtuar la realidad, a tratar de convencer al pueblo cubano, en su momento de irritación, en su momento de angustia y en su momento, a veces, de desesperanza, de que debe culpar a la autoridad que tiene más cerca”.
Explicó, a modo de ejemplo, que Estados Unidos solo ha permitido la entrada de combustible para el sector privado —una fracción ínfima de las necesidades del país— y que este debe importarlo en isotanqueros, lo que duplica su precio y encarece toda la economía. “No puede esperarse que ahora el Estado cubano asuma el costo adicional y deprima ese precio. Ese precio tiene que corresponder a la situación que tiene el mercado internacional”, aclaró.
Para finalizar, Fernández de Cosío sentenció: “El sentimiento cruel de las personas que fríamente calculan, diseñan y procuran la manera de causarle el mayor daño posible al pueblo cubano en su conjunto y al cubano individualmente, a él, a ella, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres, a los ancianos que viven en la casa, el mayor daño posible en aras de conquistar un objetivo político. Esa es la naturaleza de la guerra que vive el pueblo cubano. Estados Unidos no tiene otro nombre que no sea una guerra económica despiadada, dirigida a hacer sufrir al pueblo cubano”.
En video, la Mesa Redonda
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