Una recepcionista en casas de cultura o un obrero elaborador de bebidas en la Fábrica de Vinos y Aguardientes, por ejemplo, cobra unos 2 200 pesos mensuales, es el salario mínimo aprobado y en vigor para todos los que desempeñen un empleo a ese nivel, el primero en la escala salarial. Me refiero a cuánto va a su bolsillo, contante y sonante, luego de tributos e impuestos descontados por nómina.
Pero estos trabajadores, en breve, quedarán superados por quienes dependen de una pensión cuyas chequeras sobrepasarán los 3 000 pesos mensuales.
Se crea, a todas luces, un contrasentido: los jubilados cobrando más que quienes están en activo, vinculados a la producción o los servicios, integrados al sector estatal.
Entre las leyes filosóficas establecidas por el materialismo dialéctico tales coyunturas están anticipadas y responden a la siguiente fórmula: la solución de un problema siempre engendra un nuevo problema.
El que ahora nos atañe –y no es pequeño–, se creó a partir de una necesidad social: dar protección mayor al sector vulnerable de los jubilados, cuyas mensualidades no alcanzan a cubrir necesidades mínimas.
La decisión gubernamental fue acogida con satisfacción no solo por los beneficiarios directos y sus familiares, sino por todo aquel con un mínimo de sentido común y sensibilidad humana. Ahora las generaciones primeras, aquellas de las batallas que ahora son historia, estarán en mejores condiciones económicas para contrarrestar carestías y subidas de precios.
¿Mas, cómo responder, al mismo tiempo, a quienes en la otra banda bregan a diario –con pocos estímulos o gratificantes– en el sector no privado, esos llamados a hacer que la empresa estatal socialista sea exitosa o que los servicios tengan, en todo momento, la mejor calidad?
Su situación, me atrevo a anticiparlo, tendrá una solución tan satisfactoria como la que se implementa para beneficiar a los jubilados. No me caben dudas.
No obstante, la solución nunca será a la ligera, quizás aquí apliquemos la experiencia venezolana, donde a cada alza de precios el chavismo responde con un incremento proporcional del salario para proteger a quienes laboran con el Estado; además, se les provee de un cupón para alimentos, denominado cesta-ticket, que como la moneda circulante tiene valor legal en cualquier establecimiento comercial.
Sea una variante de esta o no la solución que se aplique en nuestro país, la escogida tendrá el sello cubano. Sabemos marcar nuestra impronta. Somos expertos en sortear dificultades y esta no es sino una más. Nadie quedará desprotegido ni relegado. Esta es, como lo fue siempre, la Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes.
