Quito, 28 ago (Prensa Latina) La Corte Constitucional de Ecuador retomará hoy la audiencia sobre las más de 20 demandas contra la Ley de Integridad Pública, luego de una primera jornada de análisis en la que se expusieron cuestionamientos a la normativa.
“No recuerdo en la historia del Ecuador que se hayan presentado tantas demandas contra una ley”, afirmó el juez José Luis Terán.
La ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en junio por la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista, ingresó inicialmente como una reforma para mejorar los procesos de contratación pública.
No obstante, el texto definitivo incorporó modificaciones penales, laborales, financieras, judiciales y hasta al Código de la Niñez, lo que motivó la ola de impugnaciones.
Para Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, la disposición “abre la puerta para la precarización del empleo, porque facilita despidos sin causa justa y erosiona derechos”.
Además, argumentó que “la Ley desmantela el estado social de derechos y golpea directamente a los trabajadores del Ecuador”.
Durante la primera jornada de análisis, los magistrados de la Corte interrogaron a los abogados del Estado sobre la unidad de materia de la norma y la abogada de la Asamblea, Mercedes Mediavilla, sostuvo que la Ley responde a reformas estructurales necesarias para el país.
Los representantes de organizaciones sociales, sindicales y gremios de abogados que presentaron las demandas, denunciaron que la Ley abre la puerta a despidos sin debido proceso, evaluaciones arbitrarias.
Algunos calificaron a la norma como una “leguleyada” y un “contrabando legislativo” que vulnera derechos adquiridos.
El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, rechazó esas acusaciones, al igual que los representantes de la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo.
Según argumentaron, la norma busca erradicar la ineficiencia en el sector público y profesionalizar la administración estatal.
La audiencia continuará este jueves con réplicas de las partes, nuevas preguntas de los jueces y la intervención de decenas de solicitantes, antes de que el pleno de la Corte adopte una decisión.
A inicios de este mes el organismo judicial determinó suspender parcialmente esa disposición, así como artículos de las leyes de Inteligencia y Solidaridad Nacional.
A raíz de la decisión del organismo judicial de frenar las tres leyes, el presidente, Daniel Noboa, acusó a los magistrados de impedir al Gobierno avanzar en la lucha contra la inseguridad.
La tensión se profundizó luego de una movilización encabezada por el mandatario contra los jueces constitucionales y también por la propuesta de un referendo con el cual la administración busca habilitar el juicio político de los magistrados.
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