Quito, 4 oct (Prensa Latina) Ecuador cierra hoy una nueva semana de protestas promovidas por el movimiento indígena contra políticas del Gobierno de Daniel Noboa con denuncias de represión, más detenidos y un manifestante muerto.
Este sábado, en el día 13 del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), hay carreteras bloqueadas por las movilizaciones en al menos dos provincias de la sierra: Pichincha, donde se encuentra Quito, e Imbabura, territorio que ha sido epicentro de las protestas.
La Conaie ratificó la permanencia del paro contra medidas de Noboa, en particular el aumento del precio del diésel tras la eliminación del subsidio a ese combustible.
El Ministerio del Interior informó que en el país suman ya 102 los detenidos desde el inicio de las movilizaciones, entre ellos cinco venezolanos, tres colombianos y un argentino que fue deportado, además de 11 menores de edad.
Del total de aprendidos, 21 fueron enviados a prisión preventiva, incluidos 12 manifestantes de Otavalo, provincia de Imbabura, procesados por terrorismo, y otros 46 recibieron medidas sustitutivas.
En paralelo, las autoridades confirmaron que 52 policías y militares han resultado heridos en los enfrentamientos.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos informó que han verificado 183 reportes de abusos de derechos desde el 22 de septiembre hasta el 2 de octubre en el contexto del paro.
El movimiento indígena de Ecuador denunció una represión “sistemática” contra las movilizaciones.
En un oficio remitido al Ejecutivo, a los ministerios de Defensa, Interior y Gobierno, así como a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Defensoría del Pueblo, las comunidades acusaron al Estado de criminalizar la protesta.
La Conaie exigió una investigación transparente por la muerte de Efraín Fuerez, comunero kichwa fallecido en Cotacachi en un operativo de la fuerza pública, hecho que califican como un crimen de Estado.
En medio de llamados al diálogo por parte de universidades, la iglesia católica y organismos internacionales como la ONU, la vicepresidenta de la organización, Ercilia Castañeda, confirmó que no han existido acercamientos con el Gobierno, que insiste en el fin de la subvención al diésel.
Además de la cuestión del combustible, los indígenas se pronunciaron a favor de la defensa de la tierra y sus territorios, en rechazo al extractivismo, por el fortalecimiento de la salud y la educación pública y pidieron reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 por ciento.
A eso se suma el reclamo de garantías para el ejercicio del derecho a la resistencia y afirmaron la necesidad de exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión, en particular para la familia de Fuerez.
Mientras en las comunidades persisten las acciones de protesta, esta semana en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, sindicalistas, estudiantes, trabajadores y representantes de diversos colectivos, marcharon en apoyo al paro nacional y fueron reprimidos por policías y militares.
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