POR José Antonio Cabrera Navarrete (*)
La tarde noche del sábado 14 de mayo de 1955 en Presidio Modelo parecía transcurrir como de costumbre. Sin embargo, un mensaje había hecho llegar habilidosamente información sobre la aprobación de la Ley de Amnistía al día siguiente. La indicación de Fidel fue clara; no hacer nada que pudiera hacer abortar el tan ansiado día.
Foto: ArchivoLa ley no gozaba de simpatías entre algunos personeros reaccionarios de la tiranía. Sin embargo, fue sancionada, disfrazada de gesto humanitario, para enmascarar la verdadera esencia del régimen. Era, además, una tardía respuesta a la campaña de reclamos y denuncias desde el exterior, sobre todo en naciones latinoamericanas.
No era la primera medida legislativa con tales fines. El Decreto-Ley No.1 del diez de marzo de 1952 disolvió el Congreso de la República, suspendió la Constitución de 1940 y declaró el estado de sitio, convirtiéndose en la base legal de la dictadura, modificando el marco jurídico de la nación.
Varias disposiciones jurídicas eliminaron derechos civiles fundamentales. Por ejemplo, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de 1952, utilizada para perseguir a opositores políticos, sindicalistas y líderes estudiantiles. O la Ley de Orden Público y la Ley de Seguridad del Estado. Esta última, incluyendo los Tribunales Militares especiales contra hechos de rebelión o conspiración, sin garantías procesales y de imparcialidad. De singular alcance fue la Ley de Prensa, conocida como “ley mordaza”, una verdadera cacería contra los medios y sus profesionales que se atrevían a denunciar las atrocidades de la tiranía.
El movimiento estudiantil, encabezado por el Directorio Revolucionario (DR), desempeñó un papel crucial en protestas y movilizaciones públicas. A ello se sumaron líderes políticos y figuras de la sociedad civil, exigiendo la liberación de los presos políticos como primer paso imprescindible hacia la reconciliación nacional. Para entonces el reclamo de libertad para los presos políticos había alcanzado dimensión inusitada y trascendía las fronteras nacionales.
Sin embargo, el sesgo manipulador del proyecto de ley, que excluía a los Moncadistas, hizo estremecer a Cuba con nuevos y más poderosos reclamos y denuncias contra la tiranía. Fundamental rol jugó el Comité de Familiares Pro Amnistía de los Presos Políticos, nacido de la organización de Madres Cubanas. Apoyado por la Federación de Estudiantes Universitarios (Feu) y su presidente recién electo José Antonio Echevarría, y por el reclamo obrero y popular, se convirtieron en pie forzado para el régimen, acorralado en sus intentos.
El cinco de abril el periódico El Nacional escribía: “Toda Cuba pide la Ley de Amnistía; todo el país se hace voz para reclamar ardientemente por una legislación que devuelva al seno del hogar nostálgico y maltrecho a tanto cubano bueno, cruzado de un ideal redentor”. Importantes órganos como la revista Bohemia también defendían la amnistía total.
Impuesto de las maniobras del régimen batistiano, Fidel hace llegar a la prensa un documento de denuncia de los manejos inescrupulosos de la dictadura, que escondía bajo la supuesta voluntad de lograr un clima de “paz y concordia”, el chantaje que obligaba a los futuros amnistiados a declarar su voluntad de no volver a conspirar contra el “gobierno”.
En su edición del 25 de marzo Bohemia reprodujo el texto de Fidel, donde afirma: “No me interesa en absoluto demostrarle al régimen que deba dictar esa amnistía, ello me tiene sin cuidado alguno; lo que me interesa es demostrar la falsedad de sus planteamientos, la insinceridad de sus palabras (…), quienes tienen que comprometerse a acatar y respetar las leyes de la República son ellos, que las violaron ignominiosamente el diez de marzo…”.
Como represalia fue llevado el líder revolucionario al Consejo de Dirección del reclusorio y sancionado de nuevo a total incomunicación por 30 días.
En Isla de Pinos, el Comité Pro Amnistía del que era miembro Mariano Rives, primer alcalde revolucionario de la Isla, tuvo un rol determinante en el impulso a las acciones. De manera simultánea tuvieron lugar otras tareas coordinadas por varias organizaciones locales. El apoyo a las comunicaciones entre Fidel y sus compañeros con el exterior, el servicio de mensajería a riesgo de la vida de los involucrados, la atención a familiares de los Moncadistas fueron algunas de las actividades realizadas en el territorio pinero por la aprobación de la Ley de Amnistía.
La profesora e investigadora Francisca López Civeira resumió la situación cubana con palabras certeras: “La salida de los Moncadistas de la prisión había sido un logro del pueblo, movilizado en torno a la amnistía”.
Mientras la situación interna en el país se deteriora, en el plano internacional ganan terreno matrices de opinión desde diversas posiciones, pero coincidentes en sus llamados de cesar los arrestos sin garantías procesales, las torturas y los asesinatos, algo ya cotidiano.
La Organización de Estados Americanos (OEA), aunque no se pronunció nunca como organismo regional, algunos de sus países miembros plantearon preocupaciones sobre la situación política en Cuba y las flagrantes violaciones a los derechos humanos. La reacción de los gobiernos latinoamericanos ante la dictadura fue diversa, influenciada por factores políticos, ideológicos y económicos. Aunque algunos países mantuvieron relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen, otros adoptaron posturas críticas o no abiertamente opuestas, en dependencia de intereses nacionales en el contexto internacional, signado por la Guerra Fría, que repercutió en las decisiones con respecto a la situación cubana.
La posición protectora a ultranza del régimen, de los gobiernos de Harry S. Truman y de su sucesor Dwight D. Eisenhower, con su influencia en la región, legitimaban la dictadura desde la diplomacia y el comercio. A esa política se sumaron algunos aliados tradicionales en el área.
Fue reconocido como aliado estratégico contra el comunismo por los gobiernos conservadores y autoritarios de Argentina en los primeros años de Juan Domingo Perón, y el Brasil ultraconservador de Getulio Vargas.
Otros países expresaron repetidas reservas sobre la legitimidad del régimen batistiano. México, de tradicional apoyo a la no intervención y a movimientos nacionalistas y antimperialistas, de la administración de Adolfo Ruiz Cortines. La Guatemala revolucionaria de Jacobo Árbenz hasta su derrocamiento en 1954, cuando asumió el poder el golpista Carlos Castillo Armas, alumno aventajado de la Agencia Central de inteligencia (Cia), y cerebro del golpe contra Árbenz.
La historia recoge la importancia del esfuerzo mancomunado de las fuerzas progresistas dentro y fuera de Cuba en la campaña pro amnistía como hecho decisivo de la última etapa de las luchas emancipadoras.
Fue este el entorno político nacional e internacional que obligó a la dictadura batistiana a promulgar la Ley Número 2, del seis de mayo de 1955, Ley de Amnistía. Un triunfo que pretendió escamotear al pueblo y sus organizaciones obreras y estudiantiles, y a la prensa, que reclamaban su promulgación como amparo general para todos los presos políticos.
Una ley que como afirma Mario Mencía en el libro “La prisión fecunda” propició que “al abrirse las rejas del Reclusorio Nacional para Hombres de Isla de Pinos –se facilitara– el rencuentro de los de adentro con los de adentro y de los de adentro con los de afuera. La vanguardia abrazada a la vanguardia y al recuerdo de los hermanos muertos”.
(*) Integrante de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba
