La Habana, 24 sep (ACN) Un expediente de fase preparatoria por el presunto delito de sabotaje se tramita por la Unidad de los Delitos contra la Seguridad del Estado de Artemisa, tras la sustracción de aceite dieléctrico de un transformador eléctrico ubicado en el municipio de Bauta.
Según publica hoy el semanario el Artemiseño, este hecho provocó la avería del equipo y afectaciones al servicio eléctrico en la zona.
De acuerdo con la fuente, la Fiscalía Provincial de Artemisa informó que uno de los implicados es un trabajador del sector eléctrico de La Habana, quien habría utilizado el medio de transporte asignado a sus funciones laborales para cometer la sustracción.
El transformador suministraba energía a viviendas y a entidades estatales vinculadas al acopio de leche.
La Fiscalía precisó que a los dos imputados se les impuso la medida cautelar de prisión provisional debido a la gravedad de los hechos investigados.
Precisa la nota que de acuerdo con la información ofrecida, el transformador quedó fuera de servicio cuando fue restablecido el fluido eléctrico, pues los niveles de aceite dieléctrico resultaban insuficientes para garantizar la refrigeración y el aislamiento requeridos para su funcionamiento.
Como consecuencia, residentes de la comunidad y diversas entidades económicas quedaron temporalmente sin el servicio eléctrico.
Las investigaciones continúan con el propósito de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los acusados, en estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso, señaló la Fiscalía.
En ese sentido, la institución adelantó que, en representación del Estado cubano, solicitará sanciones penales severas, en correspondencia con la lesividad de las conductas investigadas y las afectaciones ocasionadas al Sistema Eléctrico Nacional.
La Fiscalía recordó que este tipo de hechos puede ser calificado como delito de sabotaje cuando impide u obstaculiza la generación o transmisión de energía eléctrica y el autor conoce las posibles consecuencias de su actuación.
El vigente Código Penal establece para este delito sanciones de entre siete y 15 años de privación de libertad y en las modalidades agravadas, cuando se produzcan graves perjuicios económicos, lesiones severas o la muerte de personas, las penas pueden oscilar entre 10 y 30 años de prisión, la privación perpetua de libertad e, incluso, la pena de muerte, conforme a lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de esa norma jurídica.
La Fiscalía subrayó además que, en el actual contexto de dificultades para el Sistema Eléctrico Nacional, las autoridades mantienen como prioridad el enfrentamiento a las conductas delictivas que afecten la infraestructura energética del país, con un tratamiento judicial que calificó de riguroso y ejemplarizante.
