La ruptura de las mesas de transición institucional en Colombia —el proceso técnico y político conocido en la opinión pública como “el empalme”— que debería estarse produciendo entre la gestión saliente del mandatario Gustavo Petro y la administración entrante del presidente electo Abelardo De la Espriella, producen chispazos alarmantes en un terreno inflamable, como históricamente ha resultado Colombia.
Este desconocimiento recíproco entre el mandatario en funciones y el presidente electo genera un preocupante cisma en la política institucional. A pesar de los sistemáticos excesos militares y humanitarios cometidos en la ruralidad durante el conflicto armado que continúa desde 1948, el andamiaje institucional del país en las últimas décadas consiguió un suelo mínimo de estabilidad. Este marco mínimo de convivencia fue el que permitió, tras tragedias históricas como el exterminio de la Unión Patriótica (UP) en las décadas de 1980 y 1990, la reinserción y el posterior ascenso de la izquierda al poder ejecutivo.
La postura de ambos bandos, de pausar el trabajo conjunto de los equipos de transición, detonó una reacción previsiblemente beligerante en los sectores victoriosos. La campaña de De la Espriella, profesando una oferta electoral ideológica de ruptura y mano dura, no moderó sus posiciones en el transcurso de la segunda vuelta del pasado mes de junio, lo que quiere decir que pudo cooptar un electorado extremista, cuando el centro político quedó prácticamente diezmado.
Respaldado por una base electoral innegable, el discurso del derechista advierte que estas fricciones institucionales pueden radicalizar aún más a un sector político que retorna al control total del Estado con una agenda de reversión de reformas y de profundización de las formas represivas contra los sectores populares.
La era Petro
Petro culmina su mandato preservando un capital político robusto y niveles de aprobación popular significativa en comparación a la debilidad que marcó el cierre del ciclo del expresidente Iván Duque en 2022. Esta base de apoyo le otorga al bloque progresista un rol definitorio y cohesionado que agrupa a la mitad del país, para estructurar la oposición civil frente al nuevo ejecutivo derechista. Aunque la reiterada aclaración de Petro de que entregará rigurosamente el poder el 7 de agosto —conforme al mandato constitucional— mitigó temporalmente las alarmas sobre una crisis de sucesión, sus recientes declaraciones públicas en redes avivan las tensiones: el nudo del conflicto actual no radica únicamente en el choque de dos liderazgos históricos, sino en la colisión frontal de dos bloques sociales sólidos que amenazan con deslegitimarse mutuamente.
Esta base de apoyo le otorga al bloque progresista un rol definitorio y cohesionado que agrupa a la mitad del país, para estructurar la oposición civil frente al nuevo ejecutivo derechista.
En una sociedad donde la cultura de la violencia y el conflicto social ha permeado las estructuras más profundas del quehacer cotidiano, esta polarización cupular puede actuar como un detonante en un terreno altamente inflamable. Las ramificaciones de esta crisis se proyectan en múltiples direcciones.
El escenario militar
Por un lado, en lo militar. Colombia cuenta con un ejército que ha confrontado al izquierdismo en armas por décadas y décadas. La falta de una transición fluida en la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional puede activar lógicas corporativas dentro de las fuerzas militares y la Policía Nacional, estimulando un enfoque puramente punitivo y hostil contra las bases sociales de la izquierda histórica.
Este vacío en la transición técnica emite señales equívocas a los actores armados ilegales que operan en las periferias. Tanto las estructuras sucesoras del paramilitarismo como las disidencias de las guerrillas y el ELN interpretan la parálisis del empalme como un síntoma de vulnerabilidad en la inteligencia militar y la coordinación estatal. Si bien esto estimula las ambiciones de expansión territorial de dichos grupos bajo la expectativa de un debilitamiento de la institucionalidad, también prefigura, según la propia oferta electoral, una ofensiva armada por parte del gobierno entrante, que puede terminar siendo desmedida y reeditar los “falsos positivos” en los que miles de víctimas civiles eran asesinados para que los funcionarios pudieran cumplir cupos preestablecidos de “bajas en combate”.
Este vacío en la transición técnica emite señales equívocas a los actores armados ilegales que operan en las periferias.
La geografía del conflicto, sin embargo, se ha transformado sustancialmente. Aunque las organizaciones irregulares controlan economías ilegales clave, la modernización de la tecnología y las capacidades de asimetría táctica desarrolladas en las últimas décadas podrían limitar su viabilidad a largo plazo. El verdadero peligro de un retorno a las hostilidades abiertas de baja intensidad no recae únicamente en las estructuras combatientes, sino en los pliegues más vulnerables del tejido civil: las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que habitan la periferia, quienes históricamente han operado como el colchón social, siendo las víctimas directas de los impactos de la guerra en el territorio nacional.
Reconfiguración política
La parálisis de la transición institucional también tiene un efecto en la reorganización de la propia oposición, porque el excandidato Iván Cepeda muestra una clara diferenciación estratégica con las posturas más confrontativas del presidente saliente. Cepeda viene de superar el número de votos que en su momento obtuvo Petro. Este doble liderazgo ofrece una ventaja táctica, permitiendo al progresismo aglutinar tanto a las corrientes moderadas a través de la vía legislativa como a los sectores radicales mediante la movilización social. No obstante, el riesgo subyacente es una fractura interna marcada por agendas paralelas y puede descoordinar las políticas ante las coyunturas que están por venir.
El escenario evoca inevitablemente los ciclos previos de inestabilidad. Los últimos años de la derecha en el poder estuvieron atravesados por el estallido social y prolongadas protestas que paralizaron los centros urbanos. Frente a este precedente, el presidente electo ha sido categórico al declarar que “el uso legítimo de la fuerza del Estado no será negociable frente al bloqueo de las vías públicas ni el vandalismo”. Al elevarse el tono de la confrontación verbal desde “ambas presidencias”, el riesgo de reactivar la agitación callejera, progresista y conservadora, se potencia exponencialmente.
Por supuesto, también genera riesgos en las fuerzas de la derecha. Hay una institucionalidad fuerte que puede sentirse en riesgo debido a las iniciativas “incorrectas” del líder, así como hay actores de peso como el expresidente Álvaro Uribe, que no están del todo convencidos de los pasos a seguir del nuevo presidente, lo que puede generar una articulación en su contra si no mide bien los próximos pasos y el poder recibido le insufla aún más energía de confrontación.
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