Elecciones en Brasil y dos mundos en disputa

Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto de campaña en Fortaleza, Ceará, el 29 de septiembre de 2026. Foto: Ricardo Stuckert

El próximo 4 de octubre, más de 150 millones de electores brasileños acudirán a las urnas para decidir en la que podría ser una de las elecciones más polarizadas de la historia reciente del país. También una de las más observadas desde el exterior con consecuencias directas sobre las disputas geopolíticas en curso en el mundo. Además, la estará marcada por ser la última contienda electoral de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), que va en busca de su cuarto mandato.

El resultado definirá si Brasil sigue siendo uno de los pocos grandes países del Sur Global gobernados por un proyecto popular, con todas sus contradicciones y limitaciones internas, o si pasa a integrar, de manera definitiva, el arco de gobiernos de extrema derecha que hoy se articula desde Argentina hasta Estados Unidos.

En esta montaña rusa geopolítica del continente, que ha atravesado también sus oleadas progresistas, podríamos estar viviendo un nuevo impulso de la misma lógica que se remonta a la Doctrina Monroe del siglo XIX y que, décadas más tarde, cobró una forma sangrienta en el Plan Cóndor, la alianza de las dictaduras latinoamericanas. Esta trayectoria permite concluir que la actuación de Estados Unidos en el continente ha sido, históricamente, arbitraria y opresiva, orientada a garantizar sus intereses nacionales, con fuertes inversiones en grupos armados, complots, golpes de Estado y desinformación. Para quienes observan la región desde el exterior, entender esta disputa significa también comprender hacia dónde se dirige la correlación de fuerzas en América Latina y en el mundo.

Podemos decir que, desde las protestas de junio de 2013 en Brasil, y de manera más marcada en las elecciones de 2018 y 2022, viene cobrando fuerza en el país una polarización entre proyectos y miradas diferentes. La nueva extrema derecha comenzó a aglutinarse y a crecer durante ese período, y encontró en Jair Bolsonaro y su familia su expresión más acabada, acompañada de un discurso antisistema que puso en jaque a las principales instituciones del país. Fue un proceso que atravesó el golpe parlamentario, mediático y judicial que destituyó a la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2016, el encarcelamiento de Lula en 2018 y que culminó con la elección de Jair Bolsonaro ese mismo año. A partir de ahí, se sucedieron cuatro años de desmantelamiento de políticas públicas y de estructuras del Estado y de las empresas estatales, así como del uso del aparato público para fortalecer las narrativas y los esquemas del grupo en el poder. Las consecuencias de todo esto todavía repercuten en Brasil.

Podemos decir que, desde las protestas de junio de 2013 en Brasil, y de manera más marcada en las elecciones de 2018 y 2022, viene cobrando fuerza en el país una polarización entre proyectos y miradas diferentes.

En la contienda de 2026, la polarización entre estos dos proyectos es muy evidente. De un lado, el sector que se articula en torno al presidente Lula, en busca de un cuarto mandato al frente del Palacio del Planalto. Del otro, el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quien hereda el capital político construido por su padre —hoy gestionado a distancia, ya que Jair Bolsonaro cumple condena en régimen cerrado por intento de golpe de Estado tras el resultado de las urnas de 2022—. Un tercer discurso, de tono antisistema y, “en principio”, sin conexión con ninguno de los otros dos bandos, también cobra fuerza, aunque todavía no se equipara al peso efectivo de los dos proyectos que concentran la disputa por la presidencia.

Brasil en el tablero global

Esta disputa interna adquiere en la actualidad un peso internacional que no tenía en 2018 y 2022. La injerencia de Estados Unidos en los procesos electorales latinoamericanos no es una novedad, pero esta vez se extendió también a la propia condena de la familia Bolsonaro. Cabe señalar un contraste importante: fueron los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, entre 2003 y 2016, los que devolvieron a Brasil relevancia en el escenario internacional. Desde el pago anticipado de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta la mediación de conflictos y el liderazgo en foros multilaterales. Este es el capital político que el país reconstruye ahora, bajo presión.

El punto de inflexión más reciente llegó en julio de 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, anunció aranceles de hasta el 50% sobre una serie de productos brasileños. El texto oficial de la medida mencionaba explícitamente lo que calificó de “cacería de brujas” contra Jair Bolsonaro. Analistas y medios internacionales describieron el episodio como un uso inédito de la política comercial: nunca antes un presidente estadounidense había impuesto aranceles mencionando explícitamente el juicio de un aliado político en otro país. Conocido en Brasil como “arancelazo”, el episodio terminó produciendo un efecto político interno que llevó al oficialismo a reforzar un discurso de soberanía nacional.

Este enfrentamiento se hizo explícito en la apertura del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. En su último discurso en el cargo antes de las elecciones, Lula calificó ese momento como “el más crítico” de la institución desde su primer discurso en el mismo podio en 2003. El mandatario criticó el arancelazo, declaró que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie” y condenó que se clasificara a las facciones criminales brasileñas como organizaciones terroristas. Horas después, Donald Trump prometió un “poderío militar sin igual” para “erradicar los cárteles” y “poner orden” en la región, y mencionó como prueba el secuestro —al que llamó “detención”— del venezolano Nicolás Maduro, actualmente preso en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico. Se refirió además a un acuerdo petrolero con Venezuela valorado en 65.000 millones de barriles, lanzó críticas contra Cuba y reafirmó su disposición a actuar militarmente contra quienes, a su juicio, no combatan por sí mismos el narcoterrorismo en la región.

En este contexto cobra relevancia la decisión que tomó Estados Unidos, en junio de 2026, de clasificar a las facciones criminales Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, con miras a formalizar la medida más adelante. El gobierno brasileño rechazó la solicitud por temor al precedente jurídico que esta abre. Organizaciones criminales movidas por el lucro, sin motivaciones políticas o ideológicas y, por lo tanto, fuera de la definición clásica de terrorismo, pueden ser consideradas, desde la mirada estadounidense, blancos legítimos de acciones extraterritoriales. Esa misma lógica se utilizó meses antes para justificar la entrada militar de Estados Unidos en Caracas, al clasificar a un adversario de narcoterrorista para abrir camino a una intervención sin respaldo en el derecho internacional. Para Brasil, y para toda la región, el precedente venezolano es una advertencia explícita sobre hasta dónde puede llegar esa narrativa.

Por otra parte, la gestión de Lula ha invertido en proyectar a Brasil como una voz del Sur Global. Amplió la articulación dentro de los BRICS, reforzó el Mercado Común del Sur (Mercosur) y fue sede, en noviembre de 2025, de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Clima (COP30), en la ciudad de Belém, en el corazón de la Amazonía. Esto posicionó al país —aunque dentro de los límites de la propia conferencia y de sus efectos concretos— como protagonista del debate climático internacional.

Estos dos caminos de inserción de Brasil en el mundo son tan distintos como los proyectos que disputan las condiciones materiales de vida del trabajador brasileño. Uno apuesta por el alineamiento automático con Washington y con el ideario de la nueva extrema derecha internacional; el otro, por la autonomía y la cooperación Sur-Sur.

El tiempo y los ingresos como derechos

Algunas demandas históricas de la clase trabajadora avanzaron durante este último gobierno de Lula da Silva y esto podría traducirse en un mayor respaldo a su candidatura a la reelección. Entre ellas está la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, sin reducción salarial. Nacida de una amplia movilización social, la propuesta fue asumida por la gestión de Lula como bandera propia y ha avanzado en el Senado. El sector de Flávio Bolsonaro mostró resistencia a la iniciativa, en favor del empresariado. En mayo de 2025, el candidato del PL criticó la PEC, alegando que podría aumentar los costos y el desempleo. Es un argumento que la producción académica rechaza, por ejemplo, en el “Dossier 6×1” , de la Universidad de Campinas (Unicamp), que estima la creación de 4,5 millones de nuevos empleos con la reducción de la jornada.

En materia de ingresos, el Gobierno sancionó en noviembre de 2025 la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta 5.000 reales al mes (960 USD), con una reducción progresiva del impuesto para quienes ganan hasta 7.350 reales (1.400 USD). Desde enero de 2026, este cambio eximió o redujo el impuesto para más de 15 millones de contribuyentes, compensándolo con un impuesto mínimo sobre los ingresos anuales superiores a 600.000 reales (115.650 USD). Se trata de una medida de redistribución directa, calificada por el movimiento sindical como una “victoria de la clase trabajadora”, que se suma a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.

Aun así, estos avances no se han traducido automáticamente en tranquilidad para la campaña de Lula que, encuesta tras encuesta, busca ajustar el rumbo para lograr mayor respaldo de la sociedad en general.

Un nuevo frente de desgaste institucional cobró fuerza en 2026 con el escándalo del Banco Master. La detención del banquero Daniel Vorcaro, señalado como líder de un fraude multimillonario, abrió una investigación que alcanzó a Flávio Bolsonaro y a otros políticos y parlamentarios de la derecha. Sin embargo, el caso también alcanzó a ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), entre ellos Alexandre de Moraes, relator de los procesos que llevaron a la condena y al encarcelamiento de Jair Bolsonaro por la trama golpista. Esto dio margen para que la oposición intentara convertir el escándalo en un factor de desgaste para el oficialismo, con la expectativa de que los ataques a la credibilidad del magistrado contribuyan a deslegitimar la condena del expresidente.

Los límites del sector popular y por qué resiste el bolsonarismo

¿Por qué el bolsonarismo sigue siendo competitivo incluso después de un golpe frustrado, de una condena histórica a su principal símbolo, Jair Bolsonaro, y de indicadores sociales que, en varios frentes, mejoraron durante el gobierno de Lula? Esta es una pregunta que el sector popular brasileño, al igual que el de otros países de la región que enfrentan desafíos similares, no puede eludir. Y considerar una profunda autocrítica parece algo que no podemos darnos el lujo de evitar.

A lo largo de este último período de la historia reciente de Brasil y de América Latina es posible observar una profunda crisis institucional y una disputa de sentidos y sentimientos que ha alejado de la política a una gran parte de la población. Cuando el discurso antisistema gana espacio, significa que una parte de la población dejó de creer en las instancias políticas establecidas y en la propia cultura de hacer política, alejándose del debate sobre el futuro. En otras palabras, ese sector de la población se volvió, en buena medida, apolítico, sin esperanza en la capacidad de la política para transformar su vida concreta.

A lo largo de este último período de la historia reciente de Brasil y de América Latina es posible observar una profunda crisis institucional y una disputa de sentidos y sentimientos que ha alejado de la política a una gran parte de la población.

Una de las debilidades del sector popular es la comunicación. Durante más de veinte años, los gobiernos del PT han impulsado políticas públicas que aumentaron los ingresos, crearon programas eficaces y redujeron el hambre y la pobreza. Sin embargo, encuentran dificultades para hacer que estos logros lleguen con el lenguaje adecuado a quienes más se benefician de ellos. También les resulta difícil ayudar a estos sectores a comprender cómo funcionan los sistemas políticos y las políticas públicas, cómo acceder a ellas, cómo cuestionarlas y cómo participar en ellas.

Hoy en día existe toda una generación que es fruto de políticas públicas exitosas de los años 2000, pero que no atribuye al Estado ningún papel en la transformación de su propia vida, un imaginario que hoy ocupa el discurso de la meritocracia. No es casualidad que la extrema derecha brasileña haya construido, en los últimos diez años, una maquinaria de comunicación digital sumamente eficiente —incluso con participación y apoyo de las grandes empresas tecnológicas— capaz de transformar un dato económico favorable en una sensación de deterioro, y de mantener viva, aun con su líder preso, una identidad política, estética, afectiva y de pertenencia, movilizada por redes de influencers, iglesias y grupos de mensajería.

Una segunda debilidad es la institucional. El presidencialismo de coalición brasileño obliga al gobierno de Lula a negociar en el Congreso Nacional con una mayoría de centroderecha, conocido en el país como “Centrão”. Un sector político que frena o diluye reformas estructurales más profundas, desde la tributaria hasta la de las fuerzas de seguridad.

Y todo esto culmina en una debilidad simbólica. La percepción de inseguridad y de crisis moral, fuertemente alimentada por las iglesias evangélicas neopentecostales que crecen rápidamente en el país pesa hoy tanto o más que los indicadores económicos objetivos. Asimismo, esto genera un movimiento “antipetista”, es decir contrario al Partido de los Trabajadores, que afecta la relación entre el gobierno y la población. Entender esta desconexión entre dato y percepción y disputar este terreno simbólico y cognitivo es hoy uno de los principales desafíos no solo del PT y del sector popular de izquierda, sino de cualquier proyecto progresista que quiera no solo ganar una elección, sino contener el avance de la extrema derecha a mediano plazo.

Queda, por último, una pregunta que va más allá del calendario electoral, pero que al mismo tiempo exige generar las condiciones favorables para ganar una elección que pone tanto en juego ¿Cómo construir conciencia política más allá de los períodos electorales? La democracia de nuestro tiempo se ha ido reduciendo al acto de votar cada dos o cuatro años. Esto que limita la capacidad de transformar la realidad y la propia formación política del pueblo. Reinventar esta relación y no solo ganar la próxima elección, es el desafío que tiene por delante el sector popular latinoamericano. Gane o pierda.

(Este artículo fue publicado originalmente en la Plataforma Global en español de la Fundación Rosa Luxemburgo)