Un año y medio después de su lanzamiento, la plataforma que aspira a rediseñar la relación entre el ciudadano y el Estado cubano enfrenta una pregunta que su propio coordinador general no elude: ¿cuánto puede acelerar un cambio que depende, sobre todo, de que las instituciones dejen de pensar en papel?
El 10 de julio de 2025, la Gaceta Oficial de la República publicó el Decreto 125, que creó el Centro de Gobierno Digital (CGD) adscrito al Consejo de Ministros. Ese mismo día, nació Soberanía (www.soberania.gob.cu), la plataforma llamada a convertirse en la ventanilla única de trámites y servicios del Estado cubano.
Catorce meses más tarde, la propia plataforma reconoce que apenas ha resuelto una fracción de lo que se propuso, mientras la demanda ciudadana crece a un ritmo que sus gestores admiten no poder seguir del todo.
“El principal desafío de la plataforma no es hoy un desafío tecnológico”, comenta el ingeniero Wilfredo González Vidal, director general del CGD y coordinador general de Soberanía. “Aquí hay un desafío cultural, un desafío estructural, un desafío organizacional”.
Tres principios, una promesa
Soberanía se apoya en tres principios que González Vidal enumera con precisión. El primero: procesos centrados en el ciudadano, para que resuelva sus necesidades “de la manera más sencilla posible”. El segundo: que se muevan los datos y no las personas, de forma que una persona no tenga que volver a entregar información que el Estado ya posee. El tercero: transparencia y proactividad, para que la plataforma no solo informe, sino que anticipe.
El viceministro primero de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, había ubicado esa filosofía en un marco más amplio durante la Mesa Redonda del 8 de abril de 2026: mientras el gobierno electrónico se limitaba a trasladar procesos existentes a internet –explicó–, el gobierno digital busca rediseñarlos, rediseñar también las normas que los sostienen y, sobre todo, generar un cambio cultural.
El director del CGD ilustra ese salto con un ejemplo cotidiano: cuando en Soberanía se escriben los 11 dígitos del carné de identidad, la plataforma “canta” automáticamente la fecha de nacimiento y el sexo de la persona, sin que nadie tenga que volver a preguntarlo. Parece un detalle menor. Para él, es la prueba de que un trámite bien diseñado no debería obligar al ciudadano a repetir lo que el Estado ya sabe de él.
Los números, a prueba
En diciembre de 2025, Soberanía describía alrededor de 294 trámites y servicios, de los que solo 15 podían completarse en línea. Ocho meses después, a finales de agosto de 2026, la cifra de servicios digitalizados había subido a 18. Tres trámites nuevos en ocho meses, sobre un catálogo de más de 300 identificados.
¿Por qué es tan lento el proceso, si tecnológicamente pudiera ser muy rápido, cuando los datos viajan a la velocidad de la luz? González Vidal no rehúye la pregunta cuando se le plantea directamente; su respuesta no apela a excusas técnicas, sino a algo más difícil de resolver con una actualización de software: “Nosotros quisiéramos ir a otra velocidad, a otro ritmo. Pero nos hemos dado cuenta, sobre todo en este primer año, de que el principal desafío no es tecnológico”.
Resulta comparable, y revelador, el contraste entre dos curvas. Mientras los servicios completamente digitalizados avanzan a un ritmo que González Vidal mismo describe como insuficiente, las identidades digitales certificadas —el paso que habilita a una persona para usar la plataforma— se multiplicaron por más de cuatro entre abril y agosto de 2026: de unas 10 000 a 43 000. La demanda ciudadana, en otras palabras, corre más rápido que la oferta de trámites que puede satisfacerla.
Cuando un trámite se digitaliza, la gente lo usa
Los datos de uso real respaldan esta lectura. Desde que se habilitó, el 26 de mayo de 2026, la solicitud en línea del pasaporte corriente para mayores de 18 años acumula más de 28 000 solicitudes. La nota que anunció el servicio se mantiene, meses después, entre las más leídas de Cubadebate a diario. El Registro del Estado Civil, por su parte, reporta casi 40 000 gestiones cursadas en la plataforma.
González Vidal reconoce sin rodeos la lección que deja ese contraste. “Nosotros vivimos con esta filosofía: cuando usted pone un servicio para ser usado por la población, porque la población lo necesita, despega mucho más”. Y añade una frase que resume el fenómeno con realismo: la demanda ciudadana terminó “forzando a la institución pública” a digitalizarse, más que al revés.
Pero el propio ejemplo del pasaporte expone también el límite del sistema. Al comparar el flujo de solicitudes de pasaporte con el de licencias de conducción, González Vidal admite que este segundo trámite apenas mueve un 20% de las solicitudes por vía digital, aun cuando la conectividad no es el obstáculo: “Si ellos pueden solicitar un pasaporte, también pueden solicitar una licencia de conducción”. La diferencia, sugiere, no está en la tecnología, sino en cuánto empuja cada organismo su propio servicio.
La certificación, el primer cuello de botella
Antes de poder usar cualquier trámite, el ciudadano debe certificar su identidad digital mediante la aplicación MiIdentidad: una foto de fe de vida, una foto del carné de identidad por ambos lados y una validación que combina inteligencia artificial con revisión humana final. El proceso –reconoce González Vidal– “tiene determinado rigor”, demora hasta 72 horas y a veces más en momentos de pico de solicitudes.
La brecha entre quienes inician ese proceso y quienes lo completan es uno de los datos más honestos que arroja la entrevista. Del total de personas que han iniciado el registro, solo 48 940 tienen hoy su identidad digital certificada. “¿Por qué se registran más de 100 000 personas y solo 48 000…?”, pregunta el propio González Vidal sin terminar la frase. Su respuesta: “Es complejo hacerlo. Cuando ya tienes que ir a un tercer paso, la gente deja de hacer las cosas”.
El equipo ya identificó, al menos, una causa concreta de abandono. Al principio, el sistema rechazaba hasta un 30% de las solicitudes de identidad digital, porque comparaba la foto nueva con una imagen de carné desactualizada por años. Alguien en el equipo propuso comparar también contra la foto del pasaporte, cuando existía, y el rechazo bajó al 15%. No fue un ajuste previsto desde el diseño inicial, sino, en palabras de González Vidal, algo que surgió “monitoreando el servicio, viendo los rechazos”.
Más información aquí
Otros artículos del autor:
- Meta pagará suma millonaria en 29 estados de EEUU por demanda sobre adicción de menores a Instagram y Facebook
- Estados Unidos refuerza su cruzada contra China en Latinoamérica
- Díaz-Canel recibe a Gustavo Petro en su visita oficial a Cuba
- Cuba recibe a los 10 diplomáticos expulsados de República Dominicana y denuncia presión de Washington
- La protección de los datos personales de los trabajadores en sus centros de trabajo
