El reclamo no es nuevo, tampoco la situación que lo motiva. Quien recibe autorización para comercializar alimentos queda legalizado, cierto, pero también obligado a producirlos y cumplir con lo que establecen las leyes en vigor. Sucede, sin embargo, que algunos, por un lapsus de memoria rapaz, no elabora ni produce, pero sí, atrincherado tras el mostrador de su timbiriche, altera precios, revende y esquilma a los demás.
Tal inobservancia de su compromiso y las leyes lo sufrimos todos con frecuencia. La pregunta es… ¿hasta cuándo? ¿Depende de nosotros? Soluciones hay, además de las que se aplican por las instituciones competentes. Veremos una, en este comentario, que pudiera ser efectiva.
Digamos primero que existe el cuerpo municipal de inspectores, pero no resulta suficiente por varios motivos. Enumeremos: una plantilla reducida (en ocasiones hasta con plazas no cubiertas) que debe accionar en parejas, nunca de forma individual. O sea, que si tienes 12 inspectores, en la práctica cuentas solo con seis parejas para cubrir la planificación del día. Esto… si no se ausenta alguno por cualquier motivo.
Y no disponen de transporte propio.
Otra razón que disminuye su impacto, es la escasa colaboración ciudadana. Y en esto, me incluyo. Marlenis Espinosa, la directora de la Dirección Integral de Supervisión (Dis), en varias ocasiones ha publicado su teléfono personal, el 52804234 (también aparece en el listado municipal de las instituciones), para que cualquier afectado le notifique en directo. Pero… las llamadas resultan todavía esporádicas e imprecisas.
Cabría preguntarse, ¿cómo demandar mayor efectividad de los inspectores, si convivimos con el delito y sufrimos los precios exorbitantes con mutismo de carneros pero no hacemos la denuncia pertinente?
A partir de esta panorámica, bosquejada de forma cruda y sucinta, veamos cómo podemos fortalecer el trabajo de inspección municipal y organizarle un apoyo con las fuerzas políticas y de masa representadas en cada barrio.
Los electores de una circunscripción conocen muy bien el accionar de uno u otro comercializador-revendedor de alimentos. Y lo conocen al detalle. Falta solo contrarrestarlo organizando a los vecinos, precisar la nueva encomienda y darles el respaldo oficial (quizá con un brazalete de Inspector Popular como distintivo) para que operen y muestren efectividad.
Como la guardia cederista, cada elector que voluntariamente decida apoyar esta forma de control, integrara el grupo de inspectores de la comunidad, con su horario y fecha de recorrido.
El grupo, en la práctica, hace un muestreo de lo que está en venta, revisa fichas de costo, llama la atención a infractores, aconseja –sobre todo, aconseja y persuade–, hace los señalamientos pertinentes y determina cómo y cuándo quedará resuelto el problema.
¿Reporta a la Dirección Integral de Supervisión? Solo ante un recalcitrante y como último recurso.
Como criterio general, valga destacar que el desempeño de los Inspectores Populares no estará completo hasta reconocer públicamente (en la rendición de cuenta del delegado) a los mejores cuentapropistas, los que fueran receptivos a señalamientos o que se distinguieron durante la etapa por mantener precios correctos, justos y asequibles.
Constituye un estímulo a viva voz que, hasta involuntariamente, se agradece y repercute. Implica un valor moral, un crecimiento social. Ningún cuentapropista es una isla en sí mismo. Coexiste con su colectivo. También sus familiares y amigos.
