A toda sociedad interesa que los recursos de la nación, recursos comunes a todo ciudadano, se empleen de la forma en que resulten de indiscutible utilidad. En el entorno pinero cobran una relevancia mayor, vivimos la doble circunstancia de ser una isla dentro de otra, bloqueada por siete puntos vitales, por no decir cardinales: norte-sur, este-oeste, arriba, abajo y en el centro (al carecer de suficientes reservas naturales de combustibles fósiles).
Esta incidencia, como es y debe ser en todo proceso productivo racional, obliga a perfeccionar constantemente el uso de esos recursos, a evitar el despilfarro, el desvío o la apropiación indebida, pero más que todo a lograr su empleo de forma óptima, a emplearlos de modo que rindan al máximo. Y lo máximo –como principio rector– es lo realizable… ¡con la mayor eficiencia y calidad!
La Contraloría vela por el uso correcto de los recursos pertenecientes al Estado, esa es su razón de ser. Pero si lo asume por sí sola, se verá limitada por falta de contralores, transporte y otras razones. De ahí, la nueva estrategia adoptada por esa institución: la firma de convenios con representantes de las comunicaciones sociales en empresas o entidades que sobresalen en la producción o los servicios.
El primero de estos, ya fue pactado con la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. Y lo perfilado en el mismo, sienta las bases para los que se establecerán en breve con otras instituciones. Este convenio habrá de ramificarse, ¿por qué?
La respuesta está en que no son pocas las empresas con estrategia correcta, ya definida, pero que no dominan las vías para sacarla adelante. Y ahí, precisamente, está la coyuntura que obliga a la concertación de convenios con la Contraloría. Tienen comunicadores sociales, institucionales, pero son utilizados como voceros oficiales y hasta ahora no aportan tanto como podrían hacer efectivo.
Y es que la comunicación institucional, vale saberlo, debe desempeñar un papel fundamental en el funcionamiento de cualquier organización. Trasmite visión y valores, ayuda a alinear a todos sus miembros hacia un mismo objetivo y crea una entidad sólida. Conforma la verdadera moral de grupo, imprescindible como aglutinante de la unidad. Y en esta, precisamente, en la unidad de criterios, está la mayor fuerza en cualquier colectivo laboral.
También facilita la gestión de cambio. Permite informar y explicar las transformaciones reduciendo la resistencia y generando apoyo hacia los nuevos procesos y objetivos. Un factor primordial, nada genera más antagonismos. Lo viejo, lo acostumbrado, lo habitual, se defiende con uñas y dientes para no desaparecer. Y tiende a obstruccionar, buscando eternizarse, para que lo nuevo no entre ni se consolide.
En un momento donde la información fluye de manera constante y tiende a ser tergiversada en las redes sociales, la sociedad demanda cada vez más transparencia en la gestión pública. Resulta fundamental, por tanto, establecer alianzas estratégicas que promuevan una comunicación clara y efectiva: El convenio Contraloría-Comunicadores Institucionales, lo juegan en la difusión de información relevante. Contribuye a generar conciencia sobre la importancia de la fiscalización y el control de los recursos públicos.
