Quito, 19 may (Prensa Latina) Comunidades indígenas y campesinas afectadas por la petrolera Chevron insistieron hoy en que Ecuador embargue los 215 millones de dólares que el Estado tendría que pagar a la empresa y destine ese monto a la reparación ambiental en la Amazonía.
Representantes de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt), acompañados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y Acción Ecológica, ofrecieron este martes una rueda de prensa en Quito en el marco de la jornada internacional anti-Chevron.
El abogado Pablo Fajardo, representante de la Udapt, recordó que hace más de cinco meses solicitaron a la Corte de la provincia de Sucumbíos el embargo de los fondos que deberá desembolsar el Estado ecuatoriano producto de un arbitraje internacional.
El letrado consideró “sospechoso” que hasta ahora los jueces no hayan analizado su solicitud.
“Nos gustaría saber qué está pasando, ojalá los jueces se animen y cuenten al país quién les presiona, quién les ordena o quién les impide que no emitan este embargo”, manifestó.
Consuelo Piaguaje, hija de uno de los demandantes originales, cuestionó que el Gobierno contemple el pago a la empresa tras un laudo arbitral internacional.
“Lo que nosotros en este momento queremos es pedir que el Estado, que el Gobierno, en vez de pagar a esta empresa que contaminó los 215 millones de dólares, ahora entregue ese dinero a los afectados”, afirmó.
Los afectados plantean que los recursos podrían ir a un sistema regional de agua potable para las provincias de Sucumbíos y Orellana, y a la construcción de un hospital oncológico para atender enfermedades asociadas a la contaminación.
El conflicto se remonta a las operaciones de Texaco -empresa luego absorbida por Chevron- entre 1964 y 1992 en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana.
Según datos de la Udapt, la petrolera vertió miles de millones de galones de desechos tóxicos en ríos y suelos y dejó cientos de fosas de crudo sin remediación, afectando la salud y la economía de miles de habitantes.
En 2011, un tribunal en Lago Agrio condenó a Chevron a pagar nueve mil 500 millones de dólares en reparación ambiental.
La compañía rechazó la decisión, denunció fraude en el proceso y acudió al arbitraje internacional.
En 2018, un tribunal de La Haya falló a favor de la compañía y responsabilizó al Estado ecuatoriano por “denegación de justicia”, ordenándole pagar una indemnización que finalmente fue fijada en 215 millones de dólares.
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