Bob Ferguson, fiscal general del territorio y autor del recurso jurídico, considera esa práctica como perjudicial para la seguridad pública y el sistema de justicia.
La administración federal ha arrestado a muchas personas que simplemente intentan acceder a la justicia para ellas o sus familias, y la detención es ilegal, nos hace a todos menos seguros y debe frenarse, expuso Ferguson en un comunicado.
Informaciones periodísticas recordaron que en enero de 2018 el Departamento de Seguridad Nacional emitió formalmente una directiva y preguntas frecuentes admitiendo sus intervenciones en los tribunales.
Según esa entidad federal, responsable de aplicar las criticadas medidas de Trump sobre inmigración, los arrestos en las cortes se dirigen a individuos específicos, incluidos aquellos con condenas penales, miembros de pandillas, y amenazas de seguridad nacional o de seguridad pública.
De manera contraria a lo que afirman los funcionarios de inmigración de Estados Unidos, las evidencias muestran que las detenciones no se limitan a personas peligrosas.
Muchos de los apresados fueron víctimas de delitos o comparecieron ante el tribunal por cargos no violentos, como infracciones de leyes de tránsito, sin antecedentes penales.
Otros estaban en esos sitios para registrar vehículos motorizados, pagar multas de tránsito o acompañar a un familiar.
Desde su llegada al poder el 20 de enero de 2017, Trump ha impuesto disímiles medidas para cumplir su declarado propósito de reducir la inmigración legal e irregular, pese al rechazo a sus acciones.
