Colmada de público está la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de la Ciudad Indómita. Es 21 de septiembre de 1953 y comienza el juicio del Moncada, Causa 37, del Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba, por la acción armada de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

El joven abogado Fidel Castro Ruz, jefe del movimiento revolucionario devenido luego en Generación del Centenario y
el principal encartado, al entrar esposado –como los demás jóvenes sobrevivientes– revierte su condición de acusado.
No ha transcurrido ni un minuto y, con voz firme, levanta sus brazos cautivos e increpa al Tribunal por ese hecho.
“¡Señor presidente, señores magistrados, quiero llamarles la atención sobre un hecho insólito! ¿Qué garantías puede haber en este juicio?, ni a los peores criminales se les mantiene en una Sala que pretenda ser de justicia en estas condiciones, no se puede juzgar a nadie así esposado…”.
El Tribunal, perplejo, se ve en la necesidad de ordenar que le quiten las esposas a él y a los compañeros. Fidel tiene guardada otra sorpresa: solicita asumir su autodefensa, lo cual se acepta.
Así, ese 21 de septiembre, el doctor Fidel Castro empieza a ejercer su derecho a defender la causa del Moncada y su propia acción como acusado y acusador. El Tribunal le recuerda que primero debe ser interrogado, procedimiento cumplido y sus respuestas son contundentes.
Admite toda la responsabilidad de las acciones por las cuales se le juzga. Al responder a una pregunta de un abogado subraya: “Nadie debe preocuparse de que lo acusen de ser autor intelectual de la Revolución, porque el único autor intelectual del Moncada, es José Martí, el Apóstol de nuestra Independencia.
Terminado el interrogatorio, pide la toga y un letrado que no estaba trabajando en ese momento, el doctor Eduardo Sabourin, de su misma estatura física, le presta la suya, e inmediatamente el acusado y acusador pasa a ocupar un puesto en el estrado de la defensa.
En su condición de abogado podía interrogar a quien quisiera, incluidos a sus compañeros, muchos de ellos testigos de crímenes, y también a los ejecutores; a los médicos forenses, a expertos en balística y a quien él solicitara.
A la primera y segunda sesiones lo conducen como principal encartado, pero el tirano Fulgencio Batista y sus secuaces impiden que el líder continúe asistiendo al juicio.
El 26 de septiembre de 1953 comienza la tercera sesión con Fidel ausente, el Tribunal miente al alegar que estaba enfermo; la acusada y abogada Melba Hernández Rodríguez del Rey –tras burlar la vigilancia carcelaria–extrae de su cabello una carta de Fidel dirigida al Tribunal.
En la misiva el líder denuncia esa falsedad, reclama el cese de la incomunicación total a que ha sido sometido durante varios días en la cárcel de Boniato y finaliza: “Un principio justo desde lo hondo de una cueva puede más que un Ejército”.
La periodista Martha Rojas en su libro El juicio del Moncada refiere que fue un momento revelador, pues Melba, junto a Haydee Santamaría Cuadrado, igualmente presente, eran testigos excepcionales de los asesinatos de Abel Santamaría Cuadrado, el doctor Mario Muñoz Monroy, y con una sola excepción –el jovencito Ramón Pez Ferro–, de todos los demás combatientes que ocuparon la retaguardia del hospital civil el 26 de Julio comandados por Abel y que sumaban dos decenas.
El Tribunal corta la posibilidad de que la portadora del mensaje pudiera dar más explicaciones, admite la carta, plantea que estaría a disposición de los abogados y ordena que se incluya en el sumario. Las vistas orales continúan para el resto de los compañeros, incluido Raúl Castro Ruz, quien al igual que los demás siguen la línea acusatoria a lo largo de esta etapa del juicio extendida hasta el seis de octubre.
En tanto, el doctor Fidel Castro Ruz vuelve a comparecer ante el Tribunal el 16 de octubre de 1953, aunque la sesión del juicio no se celebra ante un numeroso público, sino en la salita de estudios de las enfermeras del hospital civil santiaguero Saturnino Lora, donde asume su autodefensa.
El joven abogado concurre como acusado y acusador e improvisa su colosal defensa programática, alegato jurídico político,
conocido como La historia me absolverá.
Le dictamina el tribunal 15 años de prisión. Llega al otro día a la cárcel de Isla de Pinos, donde reconstruye el documento que se imprime y distribuye de forma clandestina un año después.
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