Aunque existen avances el cambio normativo debe ir al unísono con el cambio cultural
En cualquier punto de esta Isla, una mujer se levanta cada día para sostenerlo todo: la casa, la fábrica, el consultorio, la escuela, la memoria. No pide reconocimiento. No espera aplausos. Y este 8 de marzo, mientras el mundo registra retrocesos que duelen y en Cuba la amparan leyes que la representan, es preciso pautar cuánto falta y cuánto se ha alcanzado.
Como denuncia la ONU, casi una cuarta parte de los gobiernos mundiales notificaron pasos atrás en 2024, y cada 10 minutos una mujer muere a manos de su pareja o familiar.
ENTRAMADO LEGAL SIN PRECEDENTES
La Mayor de las Antillas ha tejido en los últimos años un robusto sistema normativo que coloca a las mujeres en el centro de las políticas públicas. La Constitución de 2019 sentó las bases al consagrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres como pilar de la sociedad.
Pero es quizás el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), aprobado por Decreto Presidencial 198/2021, una de las herramientas más ambiciosas para seguir consolidando ese camino. Con 45 medidas distribuidas en siete áreas —que abarcan desde el empoderamiento económico hasta la salud sexual y reproductiva, pasando por medios de comunicación, educación y acceso a la toma de decisiones—, el PAM resume la voluntad política del Estado cubano para eliminar las brechas de género persistentes.
A cinco años de su implementación, los resultados comienzan a reflejarse en indicadores concretos. El más visible: el poder judicial cubano está mayoritariamente en manos femeninas, con un 80 % de los cargos ocupados por mujeres en 2025.
La Asamblea Nacional del Poder Popular constituye otro medidor del avance. Con más del 57 % de escaños femeninos, Cuba se sitúa como el segundo parlamento a nivel mundial con mayor presencia de mujeres.
Asimismo, en el Código de las Familias se reconoció los derechos de las personas cuidadoras —rol históricamente feminizado— y promovió la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, aliviando esa doble jornada que durante siglos ha lastrado a las mujeres.
Por su parte, el Código de la niñez, adolescencias y juventudes (Ley 178/2025) incluye conquistas sustanciales: reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para niñas y adolescentes respetando su autonomía progresiva, prohíbe explícitamente las uniones forzadas y la trata con fines de explotación sexual, y ordena eliminar estereotipos y prejuicios que perpetúen la discriminación.
En el ámbito laboral, las leyes de seguridad social ofrecen protección especial durante el embarazo, periodo prenatal y postnatal, lactancia materna y cuidado de hijos. La licencia de maternidad se ha ampliado a 15 meses, y el cuidado de hijos con discapacidad severa es reconocido como trabajo remunerado por el Estado.
El Decreto 358/2018 ha facilitado el crecimiento de mujeres propietarias de tierras agrícolas, promoviendo su empoderamiento económico en el sector rural. Mientras, el Protocolo de Actuación ante Discriminación, Violencia y Acoso en el ámbito laboral, fortalece la atención a víctimas de violencia de género, garantizando respuestas más efectivas e informadas.
Aunque existen avances, como reconoce el propio PAM, el cambio normativo en materia de género debe ir al unísono de un cambio cultural. La promoción de una sociedad equitativa, en la que se desmonten los estereotipos, resulta crucial para que todos los actores sociales cuestionen los roles tradicionales de género.
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