La Fiscalía colombiana imputó este viernes 24 de octubre, a Jhorman David Mora, un hombre que se encontraba en prisión, como presunto responsable del magnicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según la investigación, Mora habría contactado desde la cárcel al menor que disparó, persuadiéndolo de ejecutar el ataque que conmocionó la política nacional.
La investigación reveló que Mora, quien ya cumple una condena por hurto, utilizó una videollamada desde prisión para convencer al menor de edad de cometer el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el oeste de Bogotá. Posteriormente, Mora habría facilitado la comunicación entre el adolescente y Elder José Arteaga, con quien se coordinaron los detalles del ataque armado.
Una fiscal de Bogotá imputó a Jhorman David Mora los graves delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. No obstante, el procesado se acogió a su derecho de no aceptar ninguno de los cargos presentados por el ente acusador, lo que da inicio a un nuevo capítulo judicial en el caso.
De acuerdo con la Fiscalía, el procesado formaría parte de un grupo delincuencial con operación en Bogotá, dedicado a actividades criminales como el tráfico local de drogas, los homicidios selectivos y otras acciones ilícitas. Esto sugiere una estructura criminal organizada detrás del ataque al político.
Por este caso, las autoridades han detenido a otras siete personas. Entre ellas se encuentra el menor de edad que efectuó los disparos contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, confirmando la participación de la delincuencia juvenil en el crimen.
El ataque contra Uribe Turbay es considerado un hecho de enorme trascendencia, al tratarse del primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas. Este suceso sacudió profundamente la campaña electoral del país andino y reavivó los temores de un regreso a los episodios de violencia política que marcaron la historia de Colombia, particularmente la década de 1990.
La nación sudamericana recuerda con dolor la violencia de 1990, cuando fueron asesinados los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. La Fiscalía, al vincular a estructuras delincuenciales organizadas y operar esta desde la cárcel, busca desmantelar la red que amenazó la estabilidad democrática del país.
(Con información de Telesur)
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