Para sacarle más provecho a la tierra

Desde el siete del mes en curso entraron en vigor las modificaciones amparadas en el Decreto Ley No. 358/2018 y el Decreto No. 350/2018, ambos relacionados con la entrega de tierras en usufructo y su reglamento.

Para tales reformas se tuvieron en cuenta los resultados con los hasta entonces en vigor y ya derogados: el 300 y el 304 de octubre de 2012, con los cuales el Municipio especial libró de marabú y explotó en función de más alimentos para los pineros una cifra superior a las 7597, 29 hectáreas.

Sin duda alguna y muy a pesar de los escollos que pudieran presentarse para las entrega de tierras, este proceso con una década de implementación en el país, ha constituido una fuente generadora de empleo para hombres y mujeres, además de la recuperación de suelos antes adueñados por las malas hierbas y el indiscutible incremento de las producciones, aunque todavía no se reflejen como quisiéramos en la mesa.

Durante un seminario efectuado en la sede del Partido, con la participación de directivos, especialistas, trabajadores de la Delegación de la Agricultura, Empresa Agropecuaria, la Oficina de Control y Uso de la Tierra, la Onat, entre otros, se precisó que estas transformaciones tienen como finalidad ofrecer mayores garantías a los usufructuarios al perfeccionarse los mecanismos y requerimientos, así como elevar la eficiencia en el surco.

La ampliación de hasta 20 años (antes era de diez) del período que se puede entregar el usufructo a las personas naturales, y la prórroga sucesiva por igual término, constituyen dos de los principales cambios.

Para las personas jurídicas la entrega ahora será por tiempo indeterminado (antes era por 25 años), lo cual posibilita lograr permanencia y estabilidad en el trabajo, y con ello aumentar las cosechas.

De igual manera se acrecienta de 13,42 a 26,84 hectáreas la cantidad máxima de tierra que es posible entregar por primera vez a las personas naturales solicitantes, y se establece en las solicitudes para la ganadería mayor y cultivos en polos productivos 26,84 hectáreas como el área mínima para entregar, siempre que las condiciones lo permitan, en aras de viabilizar la aplicación de tecnologías en pos de mayores resultados.

Las normativas aprueban, además, que el área para la construcción o ampliación de bienhechurías puede alcanzar hasta el tres por ciento del total de la tierra entregada, cuando antes era apenas de un uno por ciento.

Al respecto se precisó que estas no son para resolver problemas sociales sino tienen como finalidad la protección de los bienes, implementos o recursos destinados a labrar la tierra.

Muy válido es ahora la aplicación gradual de los impuestos previstos en la Ley Tributaria concerniente al uso, posesión y ociosidad de la tierra. En el caso de los tributos que se adquieren por la ociosidad de los suelos, estos no tienen como fin recaudar, sino estimular la siembra de las áreas.

Muchas resultan las modificaciones y según algunas indagaciones tienen muy buena aceptación. Ahora lo que resta es fortalecer el papel de las entidades involucradas para que sean más los usufructuarios quienes decidan sacarle provecho a la tierra.

Opinion Otras de la Isla de la Juventud
Karelia Álvarez Rosell
Karelia Álvarez Rosell

Licenciada en Defectología en la Universidad Carlos Manuel de Céspedes, Isla de la Juventud. Diplomada en Periodismo con más de 30 años en la profesión.

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