Muchos la conocían por otros, y ya todos disponemos de ella para ejercer sus derechos. Una Ley que apunta a enfrentar desafíos, y pone delante a los responsables de hacerla cumplir. La Ley 168/2024 De la Transparencia y el Acceso a la Información Pública construida auténticamente sobre la base de los derechos de participación en la sociedad, ya puede considerarse como parte de la dinámica entre el Estado, la Administración y la participación ciudadana.
El recorrido transitado ha sido largo, pero ha valido la pena. La generación de la información que proviene de las instituciones estatales, constituye la sentencia de que toda es pública y recoge la norma sus obligaciones, garantizando así el “ejercicio del derecho de acceso a la información en todo tipo de soporte; y promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como base a la transparencia”.
Cuando los procesos administrativos están abiertos al examen público, no solo se defienden para todos nosotros la confianza y la legitimidad, sino que también se crea un ciclo de retroalimentación que promueve la mejora continua en estos.
En declaraciones a Cubadebate, Martha Ferriol Marchena, directora de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) dijo “aunque la Carta Magna reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a la información contenida en documentos y bases de datos, así como la obligación de las instituciones de actuar con transparencia, no existía hasta ahora ninguna disposición jurídica que ordenara e implementara cómo debía hacerse. Esa brecha normativa es la que viene a cubrir la nueva disposición”.
Considero que el primero de los retos está en lograr que dicho acceso a la información sobre decisiones, finanzas y resultados que puedan existir, se logren identificar los puntos rojos de ineficiencia, corregir errores, optimizar recursos y limitar el riesgo de corrupción y burocracia presente aún en la sociedad actual.
El Citma señalará el curso del torrente sanguíneo de la información con los objetivos y acciones trazados desde el ministerio en virtud de la implementación en el año, antecedida de las acciones que se han desarrollado desde años anteriores encaminadas a la capacitación de directivos del Gobierno y de las organizaciones estatales con responsabilidad en su implementación en el territorio.
El protagonismo de los responsables es esencial para proponer, regular y ordenar diseños institucionales eficaces, facilitando el derecho de las personas a solicitar y recibir del Estado, información de calidad y evitar el “peloteo” y el “secretismo injustificado”, además de la supervisión seria y comprometida del cumplimiento de este derecho, sin discrecionalidad de las autoridades en cumplir o no con su obligación de transparencia.
En futuros trabajos, cuando el ambiente creado destierre a los archivos clausurados donde dormita la información, pondré sobre el tapete las estadísticas que muestren la generación de datos que permitan valorar su progreso, con fundamentos que aborden las solicitudes denegadas, plazos incumplidos o actos de ocultamiento y eliminación de la información, siendo aún este, otro de los desafíos sobre el ejercicio de este derecho.
(*) Colaborador
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