El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció públicamente su responsabilidad en los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, vinculándolas sin pruebas a “cárteles terroristas” asociados al Gobierno de Venezuela y a otros actores no especificados.
Sus declaraciones, realizadas durante el Foro Empresarial de Estados Unidos (ABF) en Miami, se producen en medio de una creciente preocupación internacional por las más de 66 personas asesinadas en unas 17 operaciones militares desde septiembre, acciones denunciadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como ejecuciones extrajudiciales.
“Estamos volando por los aires a terroristas de los cárteles vinculados al régimen de Maduro en Venezuela y a otros. No es solo Venezuela”, afirmó Trump, reforzando una narrativa que vincula al gobierno venezolano con el narcotráfico, pese a que ninguna acusación contra el presidente Nicolás Maduro ha sido probada ante instancias judiciales internacionales.
El mandatario estadounidense justificó los ataques letales argumentando una supuesta prevención de muertes en su país: “Cada barco que atacamos mata, piensa en esto, si logra pasar, mata a 25 000 estadounidenses o más. Cada vez que atacamos un barco salvamos 25 000 vidas… hay que verlo de esa manera”.
Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, encabezada por Volker Türk, ha señalado que los ataques “no se realizaron en el contexto de defensa nacional ni contra individuos que representen una amenaza inminente para la vida”, lo que podría constituir crímenes internacionales.
Las operaciones, ejecutadas por el Comando Sur de EE.UU., han incluido el uso de fuerza letal contra embarcaciones en aguas internacionales sin procesos judiciales previos.
Esto ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del enfoque militar estadounidense y su instrumentalización con fines geopolíticos, especialmente ante indicios de que la administración Trump evalúa extender los bombardeos a objetivos militares dentro de Venezuela, lo que refuerza las sospechas de una estrategia de cambio de régimen.
En el mismo foro, la opositora ultraderechista venezolana María Corina Machado respaldó la postura de Trump y calificó a Maduro como “líder de una estructura narcoterrorista”.
No obstante, su posición contrasta con la de la comunidad internacional, que ha exigido investigaciones independientes, rápidas y transparentes, así como el pleno respeto al derecho internacional humanitario.
La militarización del Caribe y el Pacífico por parte de EE.UU. bajo el pretexto de la lucha antidrogas ha generado alertas regionales sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la posible escalada de violencia en América Latina y el Caribe.
Los Gobiernos de Venezuela, Colombia y Cuba han rechazado el despliegue militar y han alertado de forma reiterada sobre la amenaza que representa para la región.
En este sentido, han destacado la necesidad de preservar a América Latina y el Caribe como “Zona de paz”, tal como fuera proclamado en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en La Habana en 2014.
(Con información de Telesur)
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