La aprobación del ingreso de militares de Estados Unidos en Perú para todo 2026 abrió un nuevo frente político en medio de una crisis de seguridad que el Gobierno asegura querer combatir con “asesoría internacional”. El Congreso dio luz verde por mayoría a la Resolución Legislativa 13436/2025-CR, que permitirá la entrada de tropas estadounidenses armadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del próximo año.
La autorización contempla la llegada de efectivos del Departamento de Defensa —ahora Departamento de Guerra— estadounidense para actividades de cooperación y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Cada contingente rotará cada tres a seis meses, según el anexo oficial. Las unidades peruanas involucradas incluyen grupos de inteligencia, comandos especiales y divisiones antidrogas.
Preocupación por presencia militar extranjera
El ingreso de militares de Estados Unidos en Perú ha generado un debate intenso, especialmente ante la histórica sensibilidad regional respecto a la injerencia estadounidense. Para sectores críticos, el acuerdo profundiza la dependencia en materia de seguridad y abre espacios de influencia directa en operaciones internas del país.
La medida coincide con el anuncio del presidente interino, José Jerí, quien confirmó que la próxima semana llegarán especialistas extranjeros para asesorar la implementación del llamado Plan Bratton, modelo de seguridad inspirado en estrategias policiales aplicadas en Nueva York.
Qué implica el Plan Bratton
El Gobierno insiste en que esta estrategia permitirá reducir la criminalidad mediante análisis de datos, control territorial y énfasis en delitos menores bajo la lógica de la “ventana rota” —prevenir delitos graves abordando delitos menores—. Sin embargo, expertos cuestionan su pertinencia para la realidad peruana, donde organizaciones criminales y economías ilegales complejas dominan el escenario.
Criminólogos y exfuncionarios —como Juan Carlos Liendo, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)— advierten que el plan es de origen municipal y no responde a un contexto nacional marcado por mafias de extorsión, minería ilegal, trata de personas y narcotráfico. Para muchos, su aplicación podría desviar recursos hacia acciones superficiales mientras se ignoran transformaciones estructurales urgentes.
Un modelo importado en un contexto distinto
La discusión sobre el ingreso de militares de Estados Unidos en Perú se entrelaza así con la llegada del Plan Bratton y las dudas sobre un rediseño de seguridad basado en modelos externos. Analistas señalan que sin una reforma profunda de la Policía, cualquier estrategia quedará incompleta.
Además, especialistas advierten que el país enfrenta amenazas mucho más complejas que el crimen callejero de los años noventa en Estados Unidos. Por eso cuestionan que el Gobierno apueste por recetas importadas mientras posterga cambios institucionales decisivos.
En este escenario, la presencia continua de tropas estadounidenses durante todo 2026 se interpreta como un paso más en la creciente influencia de Washington en la política de seguridad peruana. Para organizaciones civiles y voces críticas, se trata de un precedente preocupante.
El debate sobre el ingreso de militares de Estados Unidos en Perú continuará en los próximos meses, en medio de un clima de desconfianza hacia soluciones que, para muchos, priorizan la mirada extranjera antes que el fortalecimiento interno del Estado.
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