Sindicatos de maestros de EE.UU. demandan al gobierno de Trump por ofensiva antimigrante

Sindicatos que representan a millones de educadores y empleados escolares demandaron al gobierno del presidente Donald Trump por su ofensiva contra los inmigrantes, al argumentar que los arrestos cerca de los campus escolares están aterrorizando a los niños y sus maestros, lo que lleva a algunos estudiantes a abandonar sus estudios.

Al inicio del segundo mandato de Trump, su administración comunicó que permitiría hacer arrestos de inmigrantes en las escuelas, lugares que durante mucho tiempo se consideraron fuera de límites. Eso violó la ley, argumentó la demanda de los dos sindicatos de maestros más grandes de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Educación y la Federación Estadunidense de Maestros, que representan a más de 4 millones de empleados escolares en todo el país.

También se unieron a la demanda educadores de una escuela preescolar en Oregon, donde agentes enmascarados rompieron la ventana de un automóvil y sacaron al padre de un estudiante de su coche poco después de que el niño fuera dejado en la escuela. La llegada de la policía llevó a la escuela a implementar un cierre de emergencia, durante el cual los maestros pusieron música para que los estudiantes no pudieran escuchar el alboroto afuera.

La maestra Lauren Fong, quien enseña al niño cuyo padre fue arrestado ese día, dijo que le inquietaba la decisión de las autoridades de confrontar al padre en el estacionamiento de la escuela, que es propiedad privada.

“¿Por qué una escuela? ¿Por qué no en otro lugar, cualquier otro lugar?”, expresó Fong en una entrevista. “Fue en el estacionamiento, donde pudo ser presenciado por tantos niños pequeños”.

Los educadores se están uniendo a una demanda presentada en abril por un sindicato de trabajadores agrícolas de Oregon y un grupo de iglesias, que impugnan la decisión del gobierno de Trump de abrir también las casas de culto a las operaciones de los agentes migratorios. La demanda enmendada fue presentada el martes en un tribunal federal en Eugene, Oregon.