Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó una resolución con el objetivo de restringir al presidente Donald Trump de ejecutar operaciones bélicas sin la aprobación del Congreso e impedir una ofensiva militar contra Venezuela.
La iniciativa busca reafirmar los límites constitucionales del poder ejecutivo y frenar la expansión militar de Washington en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.
El documento fue impulsado por los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto con el republicano Rand Paul, quienes coincidieron en que el uso de la fuerza militar debe contar con autorización legislativa previa.
La resolución fue presentada por Kaine en la noche del jueves 16 de octubre, lo que obligará al Senado a debatir la legislación tras un período de espera de 10 días. El senador recordó que la Constitución de EE.UU. reserva al Congreso la potestad exclusiva de declarar la guerra, mientras que el presidente solo puede autorizar acciones armadas de carácter limitado o de defensa inmediata.
La resolución también hace referencia a las supuestas operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio venezolano, mencionadas en recientes declaraciones del presidente Donald Trump.
Kaine subrayó que «el Congreso no ha dado luz verde a ninguna acción secreta» y advirtió sobre los riesgos de un conflicto regional si el Ejecutivo continúa actuando al margen de la ley.
«Me preocupa profundamente que la Administración Trump esté considerando lanzar ataques militares ilegales en Venezuela sin la autorización específica del Congreso. Los estadounidenses no quieren enviar a sus hijos e hijas a más guerras«, declaró Kaine.
Por su parte, Adam Schiff señaló que el Congreso debe “restablecer su rol constitucional frente a un Ejecutivo que ha sobrepasado sus límites en política exterior”.
De acuerdo con informes divulgados por agencias internacionales, al menos cinco ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe durante los últimos meses habrían dejado 27 víctimas fatales, entre ellas civiles no combatientes.
El Gobierno de Venezuela denunció los hechos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, solicitando una determinación sobre la ilegalidad de las operaciones estadounidenses, que calificó como “ejecuciones extrajudiciales” y violaciones del derecho internacional humanitario.
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