De acuerdo con el escrito, las multas serían posibles gracias a una ley de 1996, que se aplicó por primera vez en 2018, durante el primer mandato de Trump, cuando el presidente multó a nueve migrantes que buscaban refugio en una iglesia.
Las multas por no abandonar el país, pese a contar con una orden de deportación activa, serían retroactivas hasta por cinco años, lo que derivaría en pagos de más de un millón de dólares, según explicó una fuente anónima con conocimiento en el tema. Quienes se nieguen a pagar las multas, podrían enfrentar otras consecuencias, como la incautación de sus propiedades.
Si bien el plan no ha sido anunciado de manera formal, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), confirmó para Reuters que, en efecto, el presidente tiene en mente un plan para imponer multas.
La confirmación se dio luego de instar a los inmigrantes indocumentados a autodeportarse a través de la aplicación móvil de CBP One, ya que, de lo contrario, se enfrentarían a duras consecuencias.
“[Las consecuencias] incluyen una multa de $998 dólares por cada día que el inmigrante ilegal haya permanecido después de su orden final de deportación”, señaló la portavoz a través de un comunicado para el citado medio.
Según señaló Scott Shuchart, un funcionario del ICE del gobierno de Biden, es probable que los inmigrantes puedan impugnar estas multas ante una Corte, dado que el principal objetivo de Trump, en realidad, es la disuasión.
“El objetivo no es realmente hacer cumplir la ley, sino proyectar miedo en las comunidades”, declaró el funcionario. De momento, se desconoce cuándo se empezarían a implementar estas nuevas multas.
(Con información de Reuters)
