Con la Ley de Comunicación Social que entró en vigor en Cuba a principios de octubre ha quedado superada la estrecha y añeja concepción mediática de ese proceso que al calor de los cambios experimentados en el país durante los últimos años tiene entre sus novedades más interesantes el ámbito comunitario.
Así, al tiempo que la norma pone en el lugar que corresponde a las organizaciones dentro del sistema de comunicación y ordena, a partir de lo establecido por la Constitución, que los funcionarios públicos están obligados a ofrecer información de conocimiento colectivo, esa gestión tiene que alinearse con los objetivos estratégicos de las organizaciones y responder a los intereses de la población como esencia de los procesos de comunicación en el ámbito comunitario que desarrolla el Gobierno aquí y demás órganos.
En este sentido sustenta la comunicación comunitaria en “la participación popular y de múltiples actores en la materialización de aspiraciones de la colectividad, así como en la identificación e implementación de alternativas de solución a sus demandas y problemas”, según señala el artículo 45.2 del referido documento (Ley 162/2023) en su capítulo III.
El amplio movimiento actual que ocurre en los barrios pineros al calor del proceso de rendición de cuenta del delegado del Poder Popular ante sus electores, confirma la validez de ese postulado que es letra viva en una Cuba con un contexto socioeconómico complejo y adverso, pero con un pueblo unido y creativo, con amplia cultura política y capacidad de resistencia que le permite sobreponerse a las limitaciones.
Dos dimensiones claves enfatiza la normativa: el reconocimiento de la comunidad como las personas unidas por intereses y objetivos, y la perspectiva geográfica de esos asentamientos donde la gente convive, labora, estudia, ofrece o recibe servicios y hasta comparte momentos gratos y duros.
La ley mandata a las asambleas municipales (gobiernos locales), a consejos populares y consejos de la administración a establecer acciones para hacer efectivo el trabajo comunitario integrado, que tan importante resulta en el bienestar de las familias. Para ello construye diálogos y consensos, teniendo en cuenta que en la comunidad confluyen las organizaciones y los medios.
En sus espacios públicos físicos y digitales ese ámbito favorece prácticas comunicacionales que estimulan la transformación material y espiritual, el papel activo de la población, el fomento de habilidades en las personas para elaborar, compartir e interpretar contenidos sobre la vida del barrio, a partir de la integración de los actores y el empleo responsable de tecnologías de la información para intercambiar ideas y opiniones en beneficio de la colectividad.
Entre otros loables ejemplos de las oportunas actualizaciones están las informaciones ofrecidas por el primer secretario del Partido en el territorio, Osbel Lorenzo Rodríguez, y otras autoridades de la recuperación del servicio eléctrico y las alternativas para disminuir los déficit en la demanda.
Los órganos primarios propician, además, el control de las vías para asegurar la información sobre las decisiones del Poder Popular, los trámites y servicios, así como el esclarecimiento de dudas u opiniones por las direcciones administrativas, atención y análisis acerca de proyectos de desarrollo local, así como el estímulo a la participación popular en ellos, las consultas de estrategias, el conocimiento de los programas territoriales y del presupuesto municipal.
Amplia información exige ese permanente protagonismo popular en la vida cotidiana local, con efectos más allá de la inmediatez en lo informativo, pues como precisa el artículo 50 de la Ley, el accionar comunicativo territorial contribuye a “fortalecer su identidad y diversidad cultural, articular esfuerzos de los actores implicados, motivar a la población y estimular su participación, pensamiento crítico y sentido de pertenencia”.
