No ha sido nada fortuito que en reciente preparación de los cuadros en la Isla de la Juventud se priorizara la contratación económica, en correspondencia con lo establecido en el Decreto-Ley 304/2012 y Decreto 310/2012, que regulan las relaciones entre los actores.
Leonides Caballero Rubio, viceintendente del Cam, insiste en esto como una batalla en que son objetos de control y análisis un número de convenios suscritos para garantizar las actividades productivas, comerciales y de servicios como parte de la profilaxis.
Pero a pesar de lo hecho es insuficiente el dominio de esos temas, la supervisión y el trabajo en equipo.
Casi nada se logrará si tales temas no están entre los asuntos a debatir y profundizar por los colectivos obreros en los espacios ganados, como la asamblea de afiliados y trabajadores, el consejo de dirección y la Negociación Colectiva.
No son pocos los conflictos suscitados entre personas naturales o jurídicas por no establecerse con claridad las bases del vínculo que precisan o por no usar adecuadamente las herramientas jurídicas.
Desde el 2013 están en vigor los referidos Decreto Ley 304 y el Decreto 310, los cuales eliminaron la dispersión legislativa en esa materia y establecieron las reglas y principios desde la negociación, para asegurar transparencia y cooperación entre las partes y dotarlas de mayor autonomía al preverlos compromisos.
El medio jurídico mediante el cual se establecen las relaciones económicas patrimoniales, de cooperación y no patrimoniales, entre las organizaciones, es precisamente el contrato económico, al cual se llega con la negociación entre ambas partes.
Pero en la implementación contractual se aprecian insuficiencias como la falta de negociación, cláusulas que no son justas para las partes, desatención respecto a los plazos, calidad, garantía, precios, formas de pago y no revisar la proforma antes de su firma.
Se afirma con razón que de un buen diseño del contrato depende en gran medida el éxito de las entidades. Muchos, sin embargo, no son tales, más bien bases o contratos marco para el vínculo contractual, que requieren precisiones para concretar obligaciones.
Fuentes cercanas al asunto refieren que subsisten entidades que no honran los contratos suscritos e ignoran que, a partir de lo que se pacte en estos, se establecen compromisos que deben ser cumplidos y en caso de sobrevenir causas objetivas que afecten la ejecución natural de lo convenido, los involucrados deben comunicarse para evaluar las causas y renegociar sobre los principios de buena fe y el deber de informar.
En algunos casos, como persisten insuficiencias en estas gestiones que deben realizarse para el cobro de deudas o el cumplimiento de la obligación reclamada, antes de acudir a la vía judicial, porque son formales y sin análisis en los documentos aportados para demostrar las acciones realizadas e incluso sin propuestas de nuevos plazos.
Se incrementan en los procesos los nuevos sujetos del sector no estatal, principalmente trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas privadas, reguladas por las mismas normas que a las estatales.
A pesar del cuerpo normativo aún laceran las relaciones entre los sujetos económicos, malas prácticas como el descontrol y falta de exigencia de los directivos involucrados, debilidades en el asesoramiento jurídico y, sobre todo, subestimarseel contrato, como regulador en ese terreno y del cual hay que conocer y difundir más para alertar del daño de las infracciones y elevar la participación popular.
Y más cuando esta de la contratación es hoy la pata flaca entre los actores económicos que urge enyesar y sujetar, para que ande bien, pero sin inmovilizarla en pos de que caminen con paso seguro la legalidad y el desarrollo.Redacción digital
