La Casa Blanca pone en la mira a fiscal que imputó a Trump por asalto al Capitolio

Funcionarios federales anunciaron este sábado la apertura de una investigación sobre Jack Smith, el fiscal especial que imputó a Donald Trump por el asalto al Capitolio en enero de 2021 y por el manejo ilegal de documentos clasificados, señalando que actuó por motivos políticos.

Según medios estadounidenses, la Oficina de Asesoría Especial (OSC, por sus siglas en inglés) indaga a Smith en virtud de la Ley Hatch, que restringe y regula la actividad política de los empleados del Gobierno federal.

La agencia abrió la investigación después de que Tom Cotton, senador republicano por Arkansas, solicitara investigar a Smith por “una interferencia sin precedentes en las elecciones de 2024”, que Trump ganó a pesar de los varios procesos que tenía abiertos ante la Justicia.

La OSC no tiene autoridad para presentar cargos penales contra Smith, pero puede tomar acciones disciplinarias o remitir sus conclusiones al Departamento de Justicia.

Jack Smith fue nombrado en 2022 por el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para liderar las investigaciones sobre Trump, quien entonces había concluido su primer mandato.

A raíz de las pesquisas, Trump fue imputado de varios delitos ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, señalado por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020, que perdió contra Joe Biden, y por haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 mientras difundía repetidamente, sin prueba, la matriz de que hubo fraude electoral.

También fue imputado ante un tribunal de Florida por haberse llevado documentos clasificados cuando dejó el poder y haberlos retenido de forma ilegal en su mansión privada de Mar-a-Lago.

Trump, fiel a su estilo, negó las acusaciones y habló de “cacería de brujas” de la Administración de Biden.

Trump no fue a juicio por ninguno de los dos casos, pues Smith retiró las acusaciones después de que el republicano ganara las elecciones presidenciales del año pasado, dado que el Departamento de Justicia tiene prohibido actuar contra mandatarios en ejercicio.

El 6 de enero de 2021, una turba de miles de seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio, en un intento por frenar la sesión de certificación formal de la derrota del mandatario en las elecciones que ganó su sucesor, el demócrata Joe Biden.

Los atacantes escalaron muros, rompieron vidrios e irrumpieron en la sede del Legislativo, muchos llamando con amenazas a los líderes −en particular a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el entonces vicepresidente Mike Pence, que se negó a objetar la victoria de Biden− y otros en combates cuerpo a cuerpo con los agentes policiales.

La sesión fue interrumpida y los congresistas fueron llevados a un sitio seguro. Cinco personas murieron durante el ataque.

Horas más tarde, los legisladores que habían evacuado ambas cámaras pudieron regresar para terminar de certificar la victoria de Biden.

Muchos de los que irrumpieron en el Capitolio se hacían eco de las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral.

En un discurso en video difundido pocos minutos antes de la insurrección, Trump alentó a sus simpatizantes a ir a la sede del Legislativo.

“Luchen como el infierno y si no luchan como el infierno ya no vamos a tener un país”, dijo. Es una frase en particular con la que los demócratas argumentan que el magnate, derrotado por Biden en las urnas, incitó a sus seguidores a marchar por la Avenida Pennsylvania hacia el Capitolio.

“Le toca al Congreso hacer frente a este atroz ataque a nuestra democracia. Y después de esto, vamos a caminar, y yo estaré allí con ustedes, vamos a caminar. Quienes quieran, pero creo que aquí mismo, vamos a caminar hasta el Capitolio”, agregó.

(Con información de EFE y France24)