La Fiscalía Militar abrió una etapa decisiva en el caso que reconfigura hoy la relación entre las Fuerzas Armadas y la democracia brasileña, a propósito de condenas y cárcel por intento de golpe de Estado.
Los fiscales comenzaron a examinar el voluminoso paquete de documentos remitido por el Supremo Tribunal Federal (STF), en el que constan las condenas contra el expresidente Jair Bolsonaro, cuatro generales del Ejército y un excomandante de la Marina.
Todos fueron responsabilizados por integrar la conspiración violenta que intentó subvertir el orden constitucional tras las elecciones presidenciales de 2022.
La llegada del material marca el inicio formal de un proceso administrativo que podría culminar en la expulsión de los condenados de las filas castrenses, incluso tratándose de oficiales en condición de reserva. Se trata de un procedimiento excepcional, previsto apenas para casos en que la conducta de los uniformados sea considerada incompatible con los valores y la disciplina de la institución.
El Procurador General de Justicia Militar, Clauro de Bortolli, indicó que no existe tiempo hábil para concluir las alegaciones antes del receso del Poder Judicial, que comienza el 20 de diciembre.
Por ese motivo, el Ministerio Público Militar (MPM) prevé remitir los dictámenes finales al Tribunal Superior Militar (TSM) a partir de febrero de 2026, cuando los ministros analizarán cada caso por separado.
Los militares condenados comenzaron a cumplir sus penas en régimen cerrado el martes, en paralelo a la apertura de esta nueva fase administrativa.
En la lista aparece Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, junto al almirante Almir Garnier, excomandante de la Marina.
También figuran los generales Walter Braga Netto, exministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor, Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, y Paulo Sérgio Nogueira, quien igualmente dirigió la cartera de Defensa durante el último gobierno.
Según el informe del MPM, se presentará una representación individual para cada uno de ellos.
El TSM no revisará el mérito de las condenas, pues fueron ratificadas en instancia máxima por el Supremo, lo que elimina cualquier posibilidad de nuevos recursos judiciales.
Tal evaluación se limitará a determinar si los oficiales conservan la idoneidad, el decoro y la dignidad exigidos por la carrera militar, aun en la situación de reserva.
Lo que decida la justicia castrense no solo afectará el futuro de quienes fueron condenados, sino también el modo en que la sociedad brasileña interpreta el compromiso democrático de sus Fuerzas Armadas.
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