Una jueza federal bloqueó este viernes el intento del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de prohibir la inscripción de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, tras una demanda interpuesta por la institución que calificó la medida como una violación a la Primera Enmienda y un riesgo para más de 7 000 titulares de visas.
La decisión judicial representa un revés temporal para la administración, en medio de crecientes tensiones entre el gobierno federal y universidades sobre políticas migratorias y autonomía académica.
La jueza Allison Burroughs, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, emitió una orden que impide al gobierno implementar, mantener o ejecutar la revocación de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) para Harvard, al menos hasta que se realice una audiencia preliminar el próximo 29 de julio.
El SEVP, gestionado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), regula la estadía de estudiantes internacionales en el país.
La medida de Trump, anunciada la semana pasada, buscaba obligar a universidades con clases virtuales por la pandemia a retirar visas de estudiantes extranjeros, lo que Harvard consideró un “ataque sin precedentes” a su operación académica.
En una carta dirigida a la comunidad universitaria, el rector de Harvard, Alan Garber, sostuvo que la acción federal es una represalia por defender la independencia institucional.
“La revocación es la continuación de una serie de acciones gubernamentales en represalia contra Harvard por nuestra negativa a renunciar a nuestra independencia académica y a someternos a la ilegal asunción de control por parte del gobierno federal sobre nuestros currículos, académicos y estudiantes”, escribió.
La demanda de Harvard, presentada el 8 de julio, señala como responsables a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el director en funciones de ICE, Todd Lyons; la fiscal general Pam Bondi; y el secretario de Estado en funciones, Marco Rubio.
El fallo ocurre en un contexto de creciente confrontación entre el gobierno federal y universidades sobre políticas migratorias y libertad académica.
Solo en 2024, Harvard matriculó a 6 703 estudiantes internacionales, de los cuales 1 203 son de China y 788 de India, países que reaccionaron a la medida estadounidense.
El gobierno chino criticó que la política de Trump dañaría el liderazgo global de EE.UU. en educación, mientras que instituciones como la Universidad de Hong Kong y la Universidad de Ciencia y Tecnología ofrecieron plazas a estudiantes afectados.
Paralelamente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos acusó a la Universidad de Columbia de violar el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, al no abordar adecuadamente denuncias de antisemitismo en su campus.
La normativa prohíbe a instituciones que reciben fondos federales discriminar por origen nacional, lo que, según el gobierno, incluye la protección de estudiantes judíos o de ascendencia israelí.
Un portavoz de Columbia indicó que la universidad está en diálogos para resolver las acusaciones, aunque rechazó detalles específicos.
En medio de estas tensiones, Mahmoud Khalil, activista palestino-estadounidense y estudiante de Columbia arrestado en mayo por liderar protestas proPalestina, se reunió con su hijo recién nacido antes de una audiencia migratoria clave.
Su caso ha sido citado por grupos de derechos civiles como ejemplo de lo que califican como “criminalización de la disidencia” en campus universitarios.
(Con información de agencias)
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