Un juez federal de Massachusetts dictaminó este miércoles que el Gobierno de Donald Trump no puede deportar a inmigrantes a un tercer país sin antes intentar enviarlos a la nación designada en su orden final de expulsión.
“Este caso se trata de si el Gobierno puede, sin previo aviso, deportar a una persona al país equivocado, o a uno en el que es probable que sea perseguida o torturada, privándola así de la oportunidad de solicitar la protección a la que sin duda tiene derecho”, escribió el juez federal de distrito Brian Murphy.
El juez también ordenó a la Administración republicana que proporcione una “notificación sustancial” antes de realizar cualquier expulsión a un tercer país, para permitirles el debido proceso, lo que significa darles tiempo para impugnar esa deportación.
“El Congreso estableció como política de Estados Unidos no expulsar, extraditar ni efectuar el retorno involuntario de ninguna persona a un país en el que esa persona corra el riesgo de ser sometida a tortura”, escribió el juez Murphy.
“El Congreso decidió que el Gobierno no puede expulsar a nadie a un país en el que su vida o su libertad corran peligro”.
“Estas son nuestras leyes, y es con profunda gratitud por la increíble suerte de haber nacido en Estados Unidos que este tribunal afirma estas y las principios fundamentales de nuestra nación: que ninguna ‘persona’ en este país puede ser ‘privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal’”, añadió el magistrado.
El fallo se produce en un contexto de amplio debate nacional sobre la política migratoria. Según una encuesta reciente, el 69% de los estadounidenses considera que Trump prioriza las deportaciones por encima de la economía, un dato que refleja la polarización existente en torno a las medidas de control migratorio.
La decisión judicial podría tener implicaciones significativas para la aplicación de las políticas de deportación, al establecer límites claros sobre cómo y hacia dónde pueden realizarse las expulsiones. También refuerza el principio de no devolución —conocido internacionalmente como non-refoulement— que prohíbe enviar a una persona a un país donde enfrente riesgos graves para su integridad o libertad.
El gobierno podría apelar la decisión ante una instancia superior, mientras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes consideran el fallo como una reafirmación de las garantías constitucionales básicas, incluso en el ámbito de la política migratoria.
(Con información de Contrapunto)
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