José Jerí asume la Presidencia de Perú con una promesa de transición hacia las elecciones del 2026

En una sesión que se extendió hasta la madrugada de este viernes, el Pleno del Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte mediante una moción de vacancia por “permanente incapacidad moral”. La decisión, respaldada de manera unánime con 122 votos, se produce en un contexto crítico marcado por una creciente ola de inseguridad ciudadana que azota al país.

La vacancia presidencial se sustentó en cuatro mociones presentadas por un espectro plural de bancadas, incluyendo el Bloque Democrático Popular, la Bancada Socialista y Renovación Popular. Los impulsores de la medida argumentaron su decisión en una serie de presuntas irregularidades, como actos de corrupción, abandono del cargo, uso indebido de viajes oficiales, la incapacidad del gobierno para contener la inseguridad e incluso supuestas intervenciones estéticas realizadas durante su mandato.

Boluarte se negó a participar en la sesión parlamentaria. Su defensa legal, a cargo del abogado Juan Carlos Portugal, calificó el proceso como “violatorio”, argumentando que el plazo de apenas 50 minutos entre la notificación y la audiencia para preparar su defensa era insuficiente e irrespetuoso con el debido proceso.

Previamente, y en un último mensaje a la nación desde el Palacio de Gobierno, la entonces presidenta hizo un recuento de lo que consideró los logros de su gestión en diversas áreas sociales y ministeriales. “En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos y a luchar por nuestro país”, afirmó.

Sin embargo, la transmisión en vivo de su alocución fue interrumpida abruptamente para dar inicio al proceso formal de transferencia de poder a José Jerí, quien, como presidente del Congreso, asumió de inmediato la jefatura del Estado de manera interina.

Contexto de crisis e inseguridad

La decisión del Legislativo ocurre en medio de un profundo malestar social alimentado por la aparente inacción del Gobierno frente a la violencia desatada por el crimen organizado. Este descontento se ha manifestado en protestas masivas, como las convocadas a finales de septiembre por el colectivo juvenil ‘Generación Z’ y el paro de 24 horas realizado por transportistas a principios de esta semana, quienes exigen protección tras el asesinato de un conductor y el ataque a otro.

El punto de inflexión que intensificó el rechazo ciudadano fue el violento atentado contra la banda de cumbia Agua Marina, ocurrido el miércoles por la noche durante una presentación en un recinto militar de Lima. El ataque, que dejó a cuatro integrantes del grupo con disparos en tórax y piernas, evidenció de manera dramática la crisis de seguridad y selló la percepción de un gobierno incapaz de garantizar el orden público.