En Isla de la Juventud se trabaja por la cooperación y unidad en las acciones para revertir los altos precios que afectan hoy a la población
Adiel Morera Macías, Intendente municipal en Isla de la Juventud llamó a enfrentar con transparencia y rigor las irregularidades en la venta de productos en el territorio, especialmente los precios inflados y el rechazo a transferencias electrónicas.
Durante un intercambio con delegados de circunscripción, presidentes de Consejos Populares y autoridades locales, subrayó que la solución no puede ser «de un plumazo» cerrar mercados, sino exigir respeto a la población y fortalecer la labor de inspección.
Morera Macías explicó que se designó un delegado de la Asamblea Municipal del Poder Popular como jefe de inspección, reconocido por su seriedad y prestigio comunitario, sin embargo, insistió en que la acción de los inspectores debe acompañarse de la denuncia ciudadana con responsabilidad.
«La mayoría de las personas que reclaman escriben en redes sociales, pero pocos llaman desde el lugar para que el inspector actúe de inmediato», subrayó.
Entre las medidas ejemplarizantes mencionó el decomiso de productos vendidos por encima de los precios oficiales, con entrega directa a la población en la cola, evitando que los bienes terminen almacenados.
Durante la jornada, también se discutió la necesidad de revisar fichas de costo, como en el caso del carbón, cuyo precio oficial es de 800 pesos, frente a ofertas ilegales que lo elevan hasta 2 000.
El dirigente reconoció la complejidad del escenario actual, donde revendedores y transportistas aprovechan vacíos legales y limitaciones de pago electrónico, al tiempo que informó que, para enfrentar la situación, se han creado fondos rotatorios que permiten a instituciones comprar directamente a campesinos y ya se promueven alianzas con mipymes para garantizar alimentos de primera mano.
La intervención del Intendente municipal refleja la tensión entre la normativa estatal y las prácticas informales que afectan a la población, con un llamado a la denuncia directa y a la ejemplaridad en las medidas, a fin de recuperar la confianza ciudadana.
No obstante, también evidencia la necesidad de soluciones estructurales enfocadas en un mayor control sobre las cadenas de distribución, transparencia en los costos y un equilibrio entre regulación y acceso real a los productos.
(Tomado de Juventud Rebelde)
