Elaine Elisastigui Estable —directora municipal de Trabajo y Seguridad Social en Isla de la Juventud— informó que desde enero de 2026 se aplican correcciones en los procedimientos de la asistencia social, con el propósito de garantizar un impacto real en las familias en condiciones de vulnerabilidad del territorio.
Explicó que en 2025 el presupuesto destinado a este segmento se dividió en recursos materiales y prestaciones monetarias y aunque se adquirieron bienes como juegos de comedor, de sala y de sábanas, los análisis fueron superficiales y no lograron transformar la situación de vulnerabilidad.
En cuanto a las prestaciones, se otorgaron mil 543 pesos per cápita, cifra insuficiente para cubrir la alimentación básica, dijo en la XXII sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente al XVIII período de mandato.
Apuntó que como parte de las correcciones, desde enero se incrementó la prestación a dos mil 100 pesos, equivalente al salario mínimo, lo que permitirá mejorar sustancialmente la calidad de vida de los beneficiados.
Precisó que el pasado año se atendieron mil 078 núcleos familiares con prestaciones temporales, y solo 10 recibieron el subsidio de alimentación de 800 pesos, cifra que no reflejó la magnitud de las necesidades reales.
Elisastigui Estable reconoció que faltó lógica en los análisis, y señaló que no basta con cumplir formalmente; recordó que en una propuesta de cancelación de servicios del Sistema de Atención a la Familia (SAF por sus siglas).
Recordó que Adiel Morera Macías —intendente— impidió la extinción de siete prestaciones porque las investigaciones sociales fueron ambiguas: muchas familias no rechazan el servicio por falta de necesidad, sino porque no pueden pagar los 800 pesos requeridos.
En cuanto a la atención a la población, se informó que en 2025 fueron atendidas mil 604 personas de manera presencial en la sede del Poder Popular, además de solicitudes recibidas por cartas, entrevistas, llamadas telefónicas, redes sociales y plataformas digitales como Bienestar del Consejo de Ministros, donde se solucionaron 43 casos.
Entre los asuntos más recurrentes figuraron los relacionados con la vivienda, materiales de construcción, prestaciones económicas, problemas de agua y vertimiento de albañales.
El levantamiento de perfiles priorizados en 2026 busca asegurar que ningún núcleo en condiciones de vulnerabilidad quede desamparado ante la reducción de subsidios en bodegas, acotó Adiel Morera Macías, intendente, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de bienestar en el actual contexto condicionado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba.
