Que cada día resulte más difícil estirar como un muelle el salario o las pensiones hasta el último día del mes no es secreto para nadie, debido, entre otros asuntos, a la devaluación del peso. El tema de la especulación de los precios podría sonar como esa melodía rayada que de tanto ponerla llega el momento de irritar al más paciente de los seres humanos.
No obstante, mitigar de alguna manera el incremento desenfrenado del valor de productos, incluso, de primera necesidad no solo preocupa a pobladores sino que ha conllevado a la aplicación de medidas por parte del Estado para velar por el cumplimiento de los decretos referidos a los precios, lo que en otras palabras implica irle poniendo orden al desorden.
Para abundar al respecto Yusleydi Álvarez Ginarte, viceintendenta que atiende el programa económico en el Consejo de la Administración Municipal (Cam), habló acerca de las acciones que desarrollan en el territorio desde la entrada en vigor de la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), que establece los precios minoristas máximos a aplicar en la comercialización de algunos productos de primera necesidad.
Precisó que también chequean la Resolución 93 del MFP, la cual instaura como requisito para los establecimientos comerciales la inscripción en el Registro Central Comercial y la Resolución 111 del Banco Central de Cuba que aprueba las normas bancarias sobre límites para los cobros y pagos en efectivo en moneda nacional, su depósito, extracción y tenencia.
NO ES UN FUEGO CRUZADO
“Desde el pasado diez de julio revisamos el comportamiento de todas estas resoluciones, para lo cual hemos efectuado 1 333 inspecciones, detectándose 473 violaciones y aplicando por el Decreto número 30 unas 310 multas, que ascienden a una cuantía de un millón 91 025 pesos.
“Lo anterior nos dice que las personas todavía incurren en violaciones que van desde esconder el producto, sobre todo al principio, hasta la adulteración de precios y uso inadecuado de las pasarelas de pago electrónico.
“En la actualidad tenemos dos grupos de enfrentamiento, conformados por compañeros de la Dirección Integral de Supervisión (Dis), porque el Instituto de Planificación Física (IPF) y la Agricultura andan inmersos en el balance de la tierra; pero al terminar se incorporarán a esta tarea.
“Durante las inspecciones encontramos casos positivos, o sea, establecimientos con precios por debajo de los determinados por el país; sin embargo, abundan los que no aceptan transferencias o le establecen límites a los clientes para el pago por los canales electrónicos, exigiéndoles la mayor cantidad en efectivo”.
Entre otras incidencias mencionó la realización de transferencias a cuentas personales y no fiscales, ejercer la actividad sin efectuar el pago del Registro Comercial, no exhibir los códigos QR, comercialización de productos sin presentar la licitud del mismo o elaborados sin efectuar primero las fichas de costo.
La directiva puntualizó que debido a las irregularidades detectadas han dictaminado 33 cierres de negocios, tanto estatal como particular “porque las normativas son para todos los actores de la economía, no hay distinción alguna, no se trata de un fuego cruzado contra quienes integran las mipymes ni los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP)”.
Precisó que la finalidad de estas acciones es buscar un equilibrio en la economía en aras de su recuperación paulatina, de tal manera que los precios, poco a poco, vayan dejando de asfixiar el bolsillo de quienes trabajan.
Más adelante planteó que han “tenido que acudir a nueve ventas forzosas, debido a las violaciones de las normativas, ya sea por esconder el producto o venderlos superior al precio indicado.
“En estos momentos tenemos en calidad de depósito un inventario de una mipyme porque no tenía aprobado en su registro comercial la venta de artículos varios y hasta tanto realice la modificación no le damos las mercancías para la venta; se la controlamos de manera sistemática”.
Agregó que de igual manera han realizado seis decomisos a personas ilegales que no tienen licitud de los productos “y como se han resistido en el momento de la inspección se los hemos tenido que confiscar, donándolos a la casa de niños sin amparo familiar y al hogar de ancianos de Nueva Gerona; ello ha sido muy beneficioso para ambas instituciones sociales.
“También hemos hecho dos denuncias por desobediencia a funcionarios del Gobierno y los involucrados serán procesados como establece el Código Penal; al propio tiempo cerramos un proyecto de trabajo por transgresiones y atendido 52 quejas oportunas.
“Muchas han tenido que ver con la bancarización, pues no todas las demarcaciones de la localidad están bancarizadas; de ahí que nos dimos a la tarea de avanzar en este proceso al ir declarando poco a poco las zonas. En la actualidad contamos con una, el Paseo Martí, y trabajamos en otras tres más.
“Valoramos que estas sí deben tener de manera obligatoria el Transfermóvil por ser el de mayor uso por parte de los pobladores, además del EnZona; el resto sí debe tener al menos una pasarela de pago. No son pocos los emprendedores que utilizan esta última por resultarles mucho más operativo y brindarles la posibilidad de ver la trazabilidad de las operaciones”.
Álvarez Ginarte durante el transcurso de su intervención resaltó los 12 enfrentamientos a ilegales y 16 apercibimientos porque son personas que recién comienzan, no han terminado el proceso para disponer de su código QR o tampoco han acudido al Joven Club; a los implicados los volveremos a inspeccionar para ver si solucionaron el problema.
PASITO A PASITO… LA BANCARIZACIÓN
Con la aplicación de la Resolución 111, aseguró Yusleydi, se aprecian mejoras en el proceso de bancarización a partir de las estrategias trazadas desde la comisión creada al efecto, buscando reducir el circulante y que el dinero, cada vez más, retorne a los bancos.
“Desarrollamos chequeos constantes de cuanto reciben a diario las instituciones bancarias con los depósitos de las entidades y si cumplen con lo establecido. Para mayor comprensión puedo decir que comparando los meses de junio y julio constatamos un 157,7 por ciento de crecimiento.
“Con anterioridad andábamos por los 30 o 35 millones, ahora cerramos el séptimo mes del año con más de 60 millones, por suerte no nos hemos visto en la necesidad de recurrir a la solicitud de financiamiento para efectuar los pagos u otras operaciones.
“Asimismo, aumentamos el empleo de los canales electrónicos y ello lo corrobora el hecho de cerrar en julio con 1,2 millones de pesos recibidos por transferencia; sin embargo, debemos continuar trabajando porque todavía resulta asignatura pendiente todo lo relacionado con la bancarización.
“Este proceso no termina ahora, al contrario, se extiende hasta diciembre porque otros productos serán analizados por el país para también topar sus precios con la finalidad de detener esta galopante inflación”.
Unos a favor, otros en contra, lo cierto es que la mayoría de los pineros agradece la voluntad estatal de proteger el poder adquisitivo de la población, y aunque hay quienes pretenden pasar gato por liebre y no cumplen bien con su responsabilidad tanto las resoluciones como las inspecciones demuestran que sí se pueden acorralar los precios.
A su vez claman porque tras este primer paso vengan otros que acaben de resolver de una vez y por todas la falta de efectivo, las dificultades con el código QR, las infracciones y los ruidos con los canales electrónicos; así como otros escollos que obstaculizan la bancarización, la economía y la vida de los pineros.
