
Ante las declaraciones del jueves del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que sugirió la posibilidad de expulsar a España de la OTAN, el Gobierno español ha asegurado sentirse muy tranquilo”.
Trump realizó estos comentarios durante un encuentro con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, refiriéndose a la negativa de España a plegarse a su exigencia de elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB.
“Solicité que pagaran el 5 %, no el 2 %. Y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España”, relató Trump, añadiendo: “Deben llamarles y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho”.
Fue en ese contexto donde el mandatario estadounidense deslizó su polémica sugerencia: “No tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente”.
Esta no es la primera ocasión en que Trump presiona a España por este motivo, pero sí es la primera vez que explícitamente desliza la idea de su salida de la Alianza. Sin embargo, esta posibilidad se topa con una realidad jurídica: los estatutos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no prevén ningún procedimiento para expulsar a uno de sus miembros.
Las únicas alternativas en este sentido serían aislar al país dentro de las estructuras internas de la OTAN o esperar a un cambio de gobierno en España que fuera más favorable a los intereses de Estados Unidos o a la sensibilidad predominante en el organismo.
Frente a estas declaraciones, el Ejecutivo liderado por el presidente Pedro Sánchez ha salido al paso para subrayar que España “cumple con sus objetivos de capacidad” tanto como lo hace Estados Unidos.
Fuentes gubernamentales señalaron a la agencia EFE que España es un miembro de pleno derecho de la OTAN y que mantiene un firme compromiso con la Alianza.
Este episodio se enmarca en el acuerdo alcanzado en la cumbre de la OTAN celebrada en junio en La Haya, donde, tras las presiones de Washington, los países miembros acordaron aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB.
En dicha cumbre, España se destacó como el único país que se negó a suscribir ese porcentaje, logrando en su lugar un acuerdo para cumplir con sus compromisos de capacidades, si bien asegurando que lo haría destinando el 2,1% de su PIB.
(Con información de Rt en Español)
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