La crisis política y electoral en Honduras se profundizó abruptamente tras la decisión del fiscal general del país, Johel Zelaya, de instruir al Ministerio Público la apertura de una investigación urgente por presuntos delitos de hackeo y fraude masivo durante las elecciones generales del 30 de noviembre.
La medida, calificada como extraordinaria, es la respuesta institucional más contundente hasta el momento a las crecientes denuncias de manipulación del escrutinio, graves inconsistencias en miles de actas y una presunta conspiración al interior del propio Consejo Nacional Electoral (CNE).
En una comparecencia pública transmitida a nivel nacional, Zelaya anunció que ordenó de manera inmediata a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ingresar a las instalaciones del CNE para asegurar, resguardar y clonar toda prueba documental y evidencia digital relacionada con el proceso electoral.
El fiscal justificó esta intervención sin precedentes argumentando que los tres integrantes del máximo órgano electoral “no están respondiendo a los intereses de Honduras”, lo que a su juicio hacía imperativa la actuación del Ministerio Público para proteger la integridad del voto.
“No permitiremos ningún atentado contra la voluntad popular ni la estabilidad democrática del país”, afirmó Zelaya con tono enérgico. El funcionario además advirtió que el árbitro electoral estaría actuando bajo la influencia de “intereses oligárquicos”. Aseguró que la investigación, que inicia centrada en los comicios de noviembre, podría ampliarse, ya que se cuenta con información preliminar que vincularía a nuevos actores con los hechos fraudulentos ya denunciados en la controversial elección presidencial de 2017.
Paralelamente, desde dentro del CNE, el magistrado Marlon Ochoa elevó el tono de sus denuncias al revelar que el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP) fue hackeado, y al detallar que un 86.6% de las actas de escrutinio presentan inconsistencias graves. Esta cifra, según sus cálculos, equivale a más de 982 mil votos que carecen de sustento biométrico válido, es decir, donde no existe coincidencia en la huella dactilar exigida por el sistema de verificación para evitar el suplantamiento. Ochoa alertó que estas fallas sistemáticas privan a todo el proceso de certeza jurídica, afectando particularmente los resultados a nivel presidencial y legislativo.
El Ministerio Público siempre fue garante de que en el país se desarrollaran las Elecciones Generales. La voluntad del pueblo hondureño debe respetarse, y estaremos vigilantes para que la decisión expresada en las urnas sea respetada. Esta institución continúa su labor,…
— Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) December 1, 2025
“Nunca en la historia de la región latinoamericana había existido una manipulación de una elección como la que se ha dado en esta elección”, declaró Ochoa en entrevista. El consejero electoral fue más allá y acusó a la comunidad internacional de ignorar de forma deliberada lo que calificó como una “inédita” injerencia del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Ochoa recordó que Trump hizo un llamado público a votar por el candidato derechista Nasry Asfura y tildó de cómplices a los observadores electorales internacionales presentes en el país.
En este sentido, Ochoa criticó con dureza los informes preliminares emitidos por las misiones de observación electoral, afirmando que estos documentos “ignoran el elefante en la habitación”, al omitir toda mención a la intervención directa de Trump. Para el magistrado, esta omisión constituye una violación al espíritu de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que prohíbe la injerencia externa en los asuntos internos.
El cruce de acusaciones, las disputas internas en el seno del CNE y las advertencias sobre una manipulación a gran escala mantienen sumido en una tensión extrema el ambiente político hondureño, en un contexto preexistente de profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
El fiscal Zelaya reiteró que el único objetivo del Ministerio Público es “aportar certeza a la ciudadanía” y garantizar que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada íntegramente. Mientras, los operativos de la ATIC continúan con la revisión exhaustiva de los sistemas informáticos, los registros biométricos y la documentación física electoral.
Se aguarda la respuesta oficial del pleno del CNE ante las graves acusaciones formuladas por el Ministerio Público y las medidas de intervención ejecutadas en sus instalaciones. El desenlace de esta investigación podría determinar no solo la validez de los últimos comicios, sino también abrir un capítulo de incertidumbre institucional en el país centroamericano.
(Con información de agencias)
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