Brasilia, 30 jul (Prensa Latina) El teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes del expresidente Jair Bolsonaro, solicitó indulto judicial y afirmó que cooperó de buena fe para esclarecer hoy los hechos sobre la tentativa golpista de 2022 en Brasil.
En sus alegatos finales presentados ante el Supremo Tribunal Federal (STF), el militar negó dolo y participación en una organización criminal que planeó un golpe de Estado, pese a que firmó un acuerdo de delación premiada con la Policía Federal (PF).
Su defensa argumenta que Cid actuó en cumplimiento de órdenes superiores y su función como edecán no implicó decisiones políticas ni institucionales.
Durante su testimonio, el oficial de alto rango reveló que su exjefe discutió proyectos de decretos golpistas con aliados, con el fin de impedir la toma de posesión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
«Se limitó a organizar la agenda presidencial, según las directrices previamente establecidas por sus superiores», afirma el documento presentado ante el STF.
De acuerdo con los abogados de Cid, éste brindó apoyo administrativo y ceremonial, y nunca se unió a ninguna organización destinada a la disrupción institucional.
Sin embargo, la Fiscalía General ya se pronunció en contra del perdón judicial.
El fiscal general Paulo Gonet afirmó que el teniente coronel presentó una «narrativa selectiva», omitió hechos graves y actuó de forma contradictoria.
La institución abogó por una reducción de la pena de tan solo un tercio —no un indulto— a pesar del pacto alcanzado con la PF que contemplaba una sanción leve o incluso su exención.
También en sus declaraciones finales, la defensa de Cid suplicó, como alternativa a la absolución, que el Supremo le conceda una amnistía por su cooperación con la investigación.
«Entre las decenas de acusados, nadie tuvo el coraje de Mauro Cid. Se aisló, perdió a quienes consideraba amigos, su vida social y el ejercicio de su profesión. Fue y sigue siendo tildado de traidor», argumentan los juristas.
Además, el texto afirma que el militar es víctima de una «campaña de represalias morales y psicológicas», similar a la dirigida contra el relator del caso en la corte superior, el ministro Alexandre de Moraes.
Para los letrados, su defendido no actuó con malicia (intencionadamente) y debería ser absuelto.
Cid está acusado en tres causas penales ante el Supremo.
Al mismo tiempo de su participación en la conspiración golpista, se le acusa de fraude con tarjetas de vacunación contra la pandemia de Covid-19 y malversación de fondos públicos para viajes de la familia Bolsonaro.
En el caso que investiga los planes de ruptura democrática, se le inculpa de intento de abolir violentamente el Estado de Derecho y de formar parte de una organización criminal.
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