Estados Unidos fortalece su presencia militar en Ecuador para realizar “operaciones conjuntas”

El pasado domingo (25), el subsecretario de Guerra de Estados Unidos para las Américas, Joseph Humire, se reunió en Quito con las principales autoridades ecuatorianas en materia de seguridad. Al encuentro asistieron el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado; y la canciller Gabriela Sommerfeld.

Tras la reunión, el ministro del Interior, John Reimberg, ofreció una breve declaración a la prensa, calificando el encuentro como “una reunión importante”. Señaló que Ecuador y Estados Unidos ejecutarán este año “operaciones estratégicas conjuntas” y afirmó que los planes “ya están definidos”, aunque sin ofrecer detalles.

“Vamos a atacar y destruir a quienes están atacando a los ecuatorianos y a quienes generan economía criminal; eso es lo que se puede esperar”, afirmó.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ecuador destacó que la reunión refleja la consolidación del país como “uno de los principales socios de seguridad” de Estados Unidos en la región. El jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, aseguró que se incorporará nueva tecnología estadounidense para fortalecer la vigilancia, la inteligencia y el control territorial. Además, indicó que las operaciones conjuntas se concentrarán en la frontera norte, compartida con Colombia, y en la ruta del Pacífico.

El encuentro se produce luego de que, la semana pasada, el gobierno de Daniel Noboa anunciara que Ecuador impondrá aranceles del 30 % a productos colombianos, argumentando un déficit comercial con Colombia y la supuesta falta de esfuerzos de Bogotá en materia de seguridad fronteriza.

Inseguridad creciente como justificativo de la represión

El encuentro forma parte de un proceso más amplio de alineamiento de Ecuador con la estrategia de seguridad de la administración de Donald Trump, centrada en supuestas operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el “narcoterrorismo”. Al igual que Perú y Panamá, Ecuador se consolida como uno de los principales socios estratégicos para el despliegue militar estadounidense en la región andina y el corredor del Pacífico.

La colaboración militar con Washington se desarrolla bajo la retórica de enfrentar el crimen organizado, que afecta gravemente al país. En los últimos años, Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de la región a registrar aumentos récord en las tasas de homicidios. Según datos del Ministerio del Interior, 2025 cerró con 9.216 homicidios intencionales, convirtiéndose en el año más violento de la historia del país, un 30,48 % más que en 2024.

En enero de 2024, a menos de tres meses de asumir la presidencia, Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” —un concepto que generó tensiones con el poder judicial—, ordenando la militarización de la seguridad interna y decretando un estado de excepción que suspendió garantías constitucionales, medida que sigue vigente en 9 de las 24 provincias del país.

Desde entonces, el despliegue de las fuerzas y la suspensión de garantías también se ha utilizado para reprimir sistemáticamente protestas y movilizaciones sociales. Un ejemplo fueron las violentas intervenciones durante el Paro Nacional Indígena, entre septiembre y noviembre del año pasado, en rechazo al alza del diésel y a las políticas neoliberales del gobierno de Noboa. El Ejecutivo calificó a los participantes de estas manifestaciones como “terroristas”, mientras que organismos internacionales, como la ONU y la CIDH, denunciaron violaciones de derechos humanos y el deterioro del espacio cívico.

Un socio privilegiado en la Doctrina Donroe Desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, durante el último año, el presidente Noboa ha buscado intensificar su alineamiento con Washington en materia de “cooperación en seguridad”.

A inicios de septiembre, Marco Rubio visitó Quito y se reunió con Noboa, anunciando la asignación de 13,5 millones de dólares para combatir el narcotráfico en Ecuador y otros 6 millones para la adquisición de drones destinados a fortalecer las capacidades de la Armada, afirmando que “esto es solo el comienzo”. También manifestó que Estados Unidos estaría dispuesto a reabrir una base militar en Ecuador si el país lo solicitaba formalmente.

En ese momento, Ecuador discutía un referéndum para modificar el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Esta prohibición, establecida en la Constitución de Montecristi de 2008 durante el gobierno de Rafael Correa, permitió el cierre de la base estadounidense de Manta, operativa entre 1999 y 2009.

Durante la campaña por el referéndum, a inicios de noviembre de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Ecuador y recorrió la base de Manta —antigua FOL estadounidense— y la base aérea de Salinas, reuniéndose con autoridades ecuatorianas.

A pesar del respaldo de Washington, la propuesta del gobierno de Noboa fue rechazada contundentemente: el 61 % de los votantes se pronunció por el “No”, manteniendo la prohibición constitucional.

Pese a este resultado, que no otorgaba licencia social para ese tipo de cooperación, la colaboración militar bilateral continuó avanzando. En diciembre de 2025, la Embajada de Estados Unidos confirmó el envío de personal de la Fuerza Aérea estadounidense para participar en una operación conjunta en Manta, presentada como “temporal” por ambos países.

Según la embajada, la operación buscaba realizar entrenamientos conjuntos y fortalecer la recopilación de información e inteligencia. El número de efectivos no se hizo público y los detalles se declararon “reservados”.