
Horas después de que Estados Unidos confirmara un arancel del 50 por ciento a los productos brasileños, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que hoy es un día sagrado para la soberanía.
Tal declaración emergió en el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo en esta capital, tras la ceremonia de firma de abogados que prohíbe el uso de animales en la docencia, la investigación y la experimentación cosmética.
«Me voy de aquí con un sentimiento de satisfacción, porque me reúno allí para defender otra soberanía, la del pueblo brasileño, ante las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos (Donald Trump)», expresó.
En la jornada se conoció un decreto de Trump que oficializa la subida arancelaria sobre las mercancías nacionales, en parte en represalia por el juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de golpista.
La sanción del republicano tiene excepciones, pues descarta a productos cardinales en las exportaciones como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa, entre otros.
Sin embargo, el café está incluido entre los productos que enfrentaran el 50 por ciento de importes aduaneros suplementarios, aplicables siete días después de la emisión del decreto (6 de agosto).
Para Trump, las acciones del Gobierno de Lula «constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos», según informa la Casa Blanca en un comunicado.
Washington asegura que «la persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento políticamente motivados del Gobierno de Brasil» contra Bolsonaro y miles de sus seguidores son graves violaciones de los derechos humanos.
También la Casa Blanca atacó al juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema, quien, según considera, «ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, señalar e intimidar a miles de sus oponentes políticos».
Asimismo, prosigue el texto, proteger a aliados corruptos y suprimir la disidencia, a menudo en coordinación con otros funcionarios brasileños, incluidos otros magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF).
En la jornada, el Departamento del Tesoro impuso, además, anunció sanciones económicas contra De Moraes, en virtud de la ley conocida como Global Magnitsky, que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.
Bajo este escenario, el STF defendió de forma categórica la actuación del ministro y reiteró que su labor está respaldada por la Constitución y las leyes del país.
El trabajo del Supremo «es salvaguardar el orden democrático. Juzgar delitos contra las instituciones es una competencia exclusiva de la Justicia brasileña, que no acepta interferencias extranjeras», subrayó.
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