El Poder Judicial en los EE.UU. ¿Arma fascista para usurpar el poder político?

La tarea del fascismo estadounidense encabezado por Donald Trump y MAGA, no se limita ni mucho menos a tratar de ganar – por las buenas – las elecciones generales (que incluyen las presidenciales) el próximo 5 de noviembre. Su propósito es más amplio, es la toma permanente del poder en los Estados Unidos, a como dé lugar. Si no fuera así, no serían realmente fascistas. Una de sus armas para lograrlo es el control del Poder Judicial, para impedir que se confirmen y refrenden en actas legales, resultados electorales adversos (o que se formalicen leyes progresistas, etc.), que ellos no aceptarían de ninguna manera y se acusaría al comunismo local, a millones de inmigrantes ilegales votando sin derecho, a potencias extranjeras interfiriendo, corrupción internacional, declarando que los Estados Unidos están bajo un ataque concertado y mortal de sus envidiosos enemigos.

El modus operandi  de la parte que tiene que ver con las elecciones sería bastante simple. Primero que todo está la diferencia entre el voto popular y el voto del Colegio Electoral. Los resultados en los estados y condados que sean favorables, se certificarían de inmediato, los que son contrarios, no y se declaran espurios por el poder judicial y otros funcionarios a distintos niveles. Todo ello en un escenario de desórdenes masivos como el  6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, ahora serian cientos de “guarimbas gringas” para intimidar al pueblo y a las autoridades.

Tratando de encubrir los crímenes de D. Trump

Mientras esas cosas se planean e implementan, los abogados de Donald J. Trump están planteando que la decisión de la Corte Suprema otorgando inmunidad a los presidentes para actos oficiales debería anular su condena por encubrir dinero pagado a una estrella porno para ocultar sus relaciones sexuales con ella, para no perjudicarlo antes de las elecciones del 2016, cuando fue electo presidente por una amplia minoría del voto popular.

El juez en el caso penal de Donald J. Trump en Manhattan retrasó su sentencia hasta el 18 de septiembre para evaluar si el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. podría afectar la condena del expresidente. El juez, Juan M. Merchán, es casi seguro que no revoque el veredicto del jurado, en un caso que es la primera condena de un expresidente estadounidense en la historia. Con las elecciones en unos pocos meses, la sentencia sería el único momento de responsabilidad penal para Trump, quien ha sido sometido a juicio político en dos ocasiones y procesado en cuatro ocasiones.

El expresidente Trump, que fue condenado unánimemente por un jurado de 12 neoyorquinos por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. Inicialmente tenía previsto ser sentenciado el 11 de julio, apenas unos días antes de que fuera nominado formalmente para presidente en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, Wisconsin. Se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de prisión, aunque podría recibir tan sólo unas semanas de cárcel o libertad condicional. El fallo mencionado de la Corte Suprema parece tener poca relación directa con el caso de Manhattan, que se refiere a la actividad personal de Trump durante la campaña electoral de 2016, no a su presidencia ni a sus actos oficiales. En una carta dirigida al juez Merchán, los abogados de Trump le pidieron que pospusiera la sentencia mientras consideraba su solicitud de dejar sin efecto la condena.

El juez Merchán aceptó esas solicitudes y dijo que decidirá sobre la moción de Trump de dejar sin efecto el veredicto el 6 de septiembre. Luego, si una sentencia “aún es necesaria”, el juez la impondrá el 18 de septiembre. Es muy doloroso ver como un grupito de fascistas, con muchos millones de dólares y 6 miembros del Tribunal Supremo, pueden interferir abiertamente en la aplicación de la Ley y la Constitución.

El intermediario de Trump en ese momento, Michael D. Cohen, le pagó a Daniels 130.000 dólares para silenciar su historia de una relación sexual con Trump, quien le reembolsó el dinero a Cohen.

El caso del fiscal de distrito enmarcó el pago de dinero como parte de una conspiración más amplia de Trump y sus aliados para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Los fiscales presentaron pruebas que detallaban cómo The National Enquirer (un tabloide de vasta distribución en los supermercados), jugó un papel central en la conspiración con su estrategia de “atrapar y matar a los sospechosos” comprando y enterrando historias negativas sobre Trump y publicando historias sensacionalistas y falsas sobre sus rivales.

Sin embargo, el intento de anular la condena podría ser una apuesta arriesgada para Trump. Muchas pruebas del caso se referían a la conducta de Trump durante la campaña y la transición después de ser elegido, pero antes de jurar el cargo. Antes del juicio, Trump intentó trasladar el caso a un tribunal federal, argumentando que las pruebas se centraban en sus actos oficiales como presidente. Pero un juez rechazó ese argumento. “La evidencia sugiere de manera abrumadora que el asunto fue un asunto puramente personal del presidente, un encubrimiento de un evento vergonzoso”, escribió el juez Alvin K. Hellerstein en una opinión el año pasado

Un aspecto de la evidencia de la fiscalía que podría ser muy incriminante para D. Trump es el testimonio de ex empleados de la Casa Blanca. Los fiscales llamaron a Madeleine Westerhout, ex directora de operaciones de la Oficina Oval, quien testificó sobre la programación de una visita en febrero de 2017 entre Trump y Cohen, una reunión en la que discutieron el reembolso del dinero pagado.

Los fiscales también interrogaron a Hope Hicks, ex portavoz de Trump, quien testificó sobre su discusión en la Casa Blanca con Trump después de que The Wall Street Journal informara en 2018 sobre el acuerdo de dinero para silenciar a Daniels.

“La opinión del señor Trump era que era mejor ocuparse de ello ahora, y que habría sido malo que esa historia saliera a la luz antes de las elecciones”, recordó Hicks en el estrado, un testimonio considerado como “devastador” para Trump.

El actual intento de los abogados de Trump de retrasar la sentencia (tratando de chantajear al juez Merchán con su hija) es un acto de desesperación por parte de Trump, teniendo en cuenta que la carrera electoral contra Kamala Harris es muchísimo más difícil y apretada que contra la “momia” Biden, y que una sentencia por ejemplo de arresto domiciliario podría decidir las elecciones.

Realmente, no creo que sea aceptada esa nueva dilación y que la sentencia ocurrirá el día 18 de septiembre. Mas aun pienso, que si logran dilatarla, ese nuevo escamoteo de la justicia va a traer una reacción mas fuerte en el electorado contra Trump que la sentencia misma.

El ataque del fascismo a lo que queda de la “Democracia” estadounidense, ha puesto al sistema en caída libre. Siempre se supo que en los Estados Unidos había dos justicias, una para los poderosos y ricos y otra para los demás. Ahora eso ha cambiado, hay tres justicias. La brutal que se aplica a los pobres y las minorías, la “justicia” de los ricos y esta de Trump, quien como la mujer del Cesar, “está por encima de cualquier censura”. Estamos en presencia de lo que parafraseando a Gibbons, llamaríamos “La decadencia y caída del Imperio del Potomac”.

Preparando el camino para el Lawfare en 2024 y en el futuro

Pero más allá de decisiones puntuales, el fascismo estadounidense ha pasado a crear estructuras jurídicas que permitan a la Corte Suprema ignorar la voluntad popular en unas elecciones, que sería el más profundo acto de anti – constitucionalidad y anti – democracia. Es un craso error, porque no va a suceder de ninguna manera pacífica.

Esto se debe a que los ultraderechistas en la Corte Suprema están tratando hacer el mayor “secuestro” de poder judicial desde 1803, cuando se erigió en el árbitro final de la Constitución en Marbury v. Madison (1) Un golpe anti- constitucional en toda regla. Están tratando de colocar sus preferencias políticas no electas por delante de las leyes aprobadas por los miembros electos del Congreso o las reglas instituidas por el presidente. Si los conservadores se salen con la suya, las elecciones realmente no importarán, porque los tribunales podrán limitar el alcance de la regulación del Congreso y la capacidad de los presidentes para hacer cumplir esas regulaciones de manera efectiva. Y el juez más torpe de todos, Brett Kavanaugh, lo dijo durante los argumentos orales.

Los casos se referían técnicamente a las tarifas que las empresas pesqueras deben pagar a las instituciones  federales, pero de lo único que hablaron los jueces fue de la “deferencia hacia Chevron”. Sólo la jueza Sonia Sotomayor mencionó el “pescado” por todo aquello, cuando faltaban 10 minutos para que terminara una audiencia de tres horas y media.

El término “deferencia Chevron” proviene de un caso de 1984, Chevron v. Natural Resources Defense Council. El asunto en cuestión era una disposición de la Ley de Aire Limpio que requería que las plantas de procesamiento obtuvieran permisos antes de aumentar las emisiones tóxicas. Este caso inicial, que sentó el precedente que se analiza en el presente, tiene un par de detalles importantes. En primer lugar, la EPA de la era de Ronald Reagan estaba en contra de regulaciones ambientales más estrictas; la razón por la que los ambientalistas demandaron a la agencia fue que quería facilitar que las plantas industriales aumentaran las emisiones. La segunda subtrama es que la directora de la EPA en 1984, que intentaba facilitar las cosas a los contaminadores, era Anne M. Gorsuch, (madre del actual magistrado Neil Gorsuch), quien como designada por Reagan, tenía como objetivo destruir la EPA desde dentro.

Ese es el mundo y el poder que los ultraconservadores quieren. La legalidad de cada nuevo producto financiero, norma de seguridad en el lugar de trabajo, píldora abortiva o anticonceptivo no dependerá de los representantes electos que redactaron la ley ni de los expertos que fueron designados por el presidente para implementarla, sino que dependerá de lo que cinco jueces de la Corte Suprema consideren que debería ser la ley. Eso no es una democracia, es una “juristocracia”, donde los votos del pueblo son sugerencias hasta que la maquinaria judicial diga qué leyes se permiten o no tener.

Como es tradición en este tribunal extremista de derecha, los argumentos sobre los precedentes y la viabilidad de las sentencias no influyeron en la mayoría conservadora. Gorsuch, Kavanaugh y el magistrado Clarence Thomas llevan mucho tiempo preocupados por la forma en que la “deferencia a Chevron” limita hoy su poder. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y la magistrada Amy Coney Barrett argumentaron que revocar la sentencia de Chevron no sería un gran problema. Y el juez Sam Alito, quien defendió su postura ambigua sobre el tema diciendo que Chevron era necesaria en el pasado, cuando los jueces estaban motivados por consideraciones políticas, pero que ahora no es necesaria porque jueces como él ya no plasman sus preferencias políticas en la ley. No estoy usando ironías, lo dijo tal cual.

La Corte Suprema no celebró en esa ocasión una audiencia oral común, sino un ensayo cuasi monárquico de “coronación”. Están tratando de “coronarse” como un poder casi absoluto para el que nadie los eligió. En las próximas elecciones, el destino de la “democracia” y los derechos civiles fundamentales en los EE.UU. están en juego. Los arquitectos ultraconservadores del Proyecto 2025 están conspirando para institucionalizar la visión autoritaria de Donald Trump en todos los niveles y ramas del gobierno si gana. En lo que probablemente sea la elección que definirá las vidas de cientos de millones de estadounidenses, el próximo 5 de noviembre, es necesario votar contra el fascismo. Si utilizo esa palabra “fascismo” con bastante frecuencia para definir la propuesta de Trump + MAGA, es para reflejar, entre otras cosas, lo que se propone suceda – electoralmente hablando – en esa fecha.

Mostrando los ejemplos de 2016 y de 2020 y como los fascistas planean para 2024.

Las acciones de Lawfare no son nuevas en los EE.UU. también hemos observado estas maniobras criminales en Brasil contra Dilma, Lula y más tarde pretendiendo entronizar al fascista mesiánico Jair Bolsonaro, en Argentina, principalmente contra Cristina, en Bolivia llevando a un directo golpe de estado con tanquetas en la calle, y otros lugares, mientras se intentan desconocimientos de los resultados electorales en Venezuela. Lo que es nuevo, es que se están creando estructuras permanentes para desconocer “legalmente” el voto popular en unas elecciones, cuando todos los demás trucos politiqueros han fallado y endurecer “jurídicamente” el predominio de las minorías que detentan el poder, sobre las mayorías de votantes. Finis democratiae

 Notas

Marbury v. Madison, 5 US 137 (1803), fue una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. que estableció el principio de revisión judicial, lo que significa que los tribunales estadounidenses tienen el poder de anular leyes y estatutos que consideren que violan la Constitución de EE.UU. Decidida en 1803, Marbury es considerada como la decisión más importante en el derecho constitucional estadounidense. Estableció que la Constitución de los Estados Unidos es una ley real, no solo una declaración de principios e ideales políticos. También ayudó a definir el límite entre las ramas ejecutiva y judicial del gobierno federal, constitucionalmente independientes.

Lo que se está tratando de lograr con estas decisiones del presente, va mucho más allá, sería la preponderancia de la rama judicial sobre incluso, la voluntad del pueblo expresada en unas elecciones. Y estaría concebida como una entre varias vías para contrarrestar una derrota de D. Trump en las elecciones de noviembre. Es muy posible que los miembros de la Corte Suprema que están comprometidos con Trump en esta barbaridad estén cometiendo un suicidio político, porque eso sería el fin de la “:sacrosanta” división de poderes, tal y como la conocemos hoy. Y el pueblo estadounidense no lo va a tolerar.

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