Mucho se ha insistido en el actual Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades e indisciplinas sociales, que concluye el sábado, 28 de junio, a combatir, investigar, profundizar y sacar a la luz a todos los niveles los hechos de descomposición moral que asociados a diversas ilegalidades tanto repudia el pueblo.
El flagelo de la corrupción en Cuba está concentrado en la gestión empresarial y administrativa y, aunque no pone en riesgo su gobernabilidad, es más que perjuicio económico.
El combate es cotidiano y se ha confiado la batalla a la activa participación y control de los trabajadores y toda la población.
Pero sin la cooperación ciudadana no habrá una presión efectiva contra las acciones corruptas que muchas veces solo pueden detectarse a partir del nivel de vida de los involucrados (de ahí la importancia de la transparencia) porque una buena parte de los recursos resultantes de los hechos delictivos se comercializan en establecimientos del Estado, donde son introducidos por implicados. Así simulan legalidad en las ventas y dificultan el enfrentamiento.
Se trata de un degradante proceso o conducta que se manifiesta vinculada a delitos, como cohecho (soborno), malversación, tráfico de influencias, evasión fiscal, prevaricación, lavado de activos, acto en perjuicio de la actividad económica, estafa, negociaciones ilícitas, abuso en el ejercicio de cargo o empleo en entidad económica, revelación de pruebas para la evaluación docente y abuso de autoridad, ocultación u omisión de datos, apropiación indebida y enriquecimiento ilícito.
Sus acciones extendidas en la prestación de servicios provocan un grave daño moral a la nación, lastran seriamente la credibilidad de nuestras instituciones y de la Revolución ante la opinión pública.
Tan contaminante resulta el fenómeno que puede generar apatía en algunos sectores, pero el mayor peligro radica en que tanto la población como los actores económicos no aprecien con preocupación estos hechos, ni tengan percepción del riesgo para la nación, convivir con ellos y no actuar con la repulsa necesaria.
En la degeneración de los valores éticos, morales y políticos, sus comisores terminan por enajenarse del proceso revolucionario, llegan incluso a preparar condiciones de vínculos en el exterior y a iniciar el camino de traición a la Patria.
Cual “oposición contrarrevolucionaria” tales conductas indignas atacan la efectividad deseada en el orden interno, la disciplina y hasta la institucionalidad del país. Por eso constituye una potencial amenaza a la seguridad nacional, porque quienes la practican se aprovechan y utilizan en beneficio propio recursos que el Estado pone en sus manos para sus funciones y pretenden satisfacer intereses individuales de lucro y ostentación, que muchas veces devienen indicios de los malos pasos emprendidos.
Es muy lacerante que haya entidades administrativas con personas que abusen de su función pública y se atrevan a pedir dinero “por la izquierda” para poder encontrar soluciones en el tiempo adecuado.
Los encartados se sancionan con severas penas de privación de libertad, pero los tribunales imponen, además, sanciones accesorias de prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio, confiscación del patrimonio adquirido, así como la exigencia de la responsabilidad civil delictiva, millonaria en moneda total.
Para asegurar el rigor en el cumplimiento de las condenas dan seguimiento a la ubicación de los inculpados en centros penitenciarios y la Fiscalía realiza acciones de control mediante investigaciones y verificaciones en actividades vinculadas con la Agricultura, Comercio Interior, Transporte, Industria Alimentaria y a cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia.
En los delitos que atentan contra el orden económico y las conductas de corrupción administrativa se corroboran elevados daños y amplias redes asociativas, defraudaciones al Presupuesto del Estado, y violaciones éticas de directivos y funcionarios, frente a las cuales no hay impunidad y cierran filas, desde la exigencia y el control contra repudiables manifestaciones que laceran la nación.
Es cierto, existen problemas de preparación y faltan habilidades en la dirección ni todos los lugares promueven el análisis colegiado ni la vigilancia permanente, pero como afirmara la contralora general de la República, Mirian Marbán González, si no hay trabajo efectivo sobre el comportamiento ético de los cuadros y trabajadores, no tendremos la reducción esperada de estos fenómenos del orbe.
Por ese camino no solo crecen las denuncias por diferentes vías, tanto públicas como anónimas, sino que también son oportunas para desenmascarar las degradantes manifestaciones corruptas.
