Quito, 7 ago (Prensa Latina) Diversas organizaciones sindicales, estudiantiles y colectivos sociales saldrán hoy a las calles en una movilización nacional en rechazo a la fusión de ministerios, el despido de funcionarios públicos y otras medidas impulsadas por el Gobierno.
Las movilizaciones están programadas para esta tarde en una veintena de provincias, y en Quito arrancará a las 15:00 (hora local) desde los exteriores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y marcharán hasta la Corte Constitucional.
Las protestas rechazarán leyes promovidas por el Ejecutivo de Daniel Noboa, como la de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad Nacional, normativas que la Corte Constitucional suspendió parcialmente de forma cautelar, pero aún queda pendiente el análisis de fondo.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) señaló que si bien el pronunciamiento de la Corte no constituye un juicio anticipado es “un avance inicial en el camino de la defensa de los derechos y la Constitución”.
Además de esas leyes, aprobadas por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Parlamento), diversos sectores se oponen al plan de eficiencia administrativa anunciado por el Ejecutivo, que incluye la reestructuración institucional y la desvinculación de servidores.
José Villavicencio, de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGT), indicó que defenderán el derecho al trabajo y la vida.
“La huelga y el paro son las últimas alternativas para el trabajo digno”, sostuvo en rueda de prensa la presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), Marcela Arellano.
El líder del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoy, lamentó que “el gobierno, no entiende de diálogo social, ni de debates y ni siquiera han insistido en espacios adecuados para sentarnos y dialogar”.
La movilización tendrá lugar luego de que este miércoles el presidente Noboa anunciara la convocatoria a otra manifestación el próximo 12 de agosto para presionar a la Corte Constitucional, que suspendió provisionalmente artículos de sus tres leyes.
Este llamado ocurre mientras juristas, organizaciones sociales, políticos y hasta organismos internacionales advierten sobre amenazas por parte del Ejecutivo a la Corte.
