Quito, 13 oct (Prensa Latina) Las protestas impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel entran hoy en la cuarta semana sin señales de diálogo con el Gobierno de Daniel Noboa.
A pesar de que la Iglesia católica, la academia y organizaciones internacionales han instado a conversar, el movimiento indígena y el Ejecutivo no parecen estar cerca de un acuerdo para poner fin a las manifestaciones.
Desde el pasado 22 de septiembre, tras el fin del subsidio, las protestas se han extendido por varias provincias del país, aunque con mayor concentración en la sierra norte, donde se han producido bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
También demandan atención a sectores como salud y educación, así como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que fue elevado del 12 al 15 por ciento para combatir la violencia que existe en el país, sin que la inseguridad haya logrado bajar significativamente.
El paro nacional registra 118 detenidos hasta la fecha, según datos del Ministerio del Interior, y hay un muerto, el comunero kichwa Efrain Fuerez, como consecuencia de las acciones de la fuerza pública.
Entre los detenidos hay 12 personas acusadas por el delito de terrorismo y el pasado 7 de octubre hubo cinco aprehendidos por ser supuestamente responsable de un ataque a la caravana presidencial en la provincia de Cañar, aunque luego fueron liberados por falta de pruebas.
El Gobierno ha reiterado que no dará marcha atrás con la medida que elevó el precio del diésel y afirmó que ese tipo de decisiones son necesarias para estabilizar las cuentas y dirigir recursos a sectores vulnerables.
En tanto, el sociólogo y analista político Hernán Reyes comentó en redes sociales que “Ecuador indignado, protestando pacíficamente contra el engaño, la corrupción y la violencia de Daniel Noboa, alguien que ni el feriado le sirvió para frenar las movilizaciones”.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha documentado más de 250 vulneraciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas.
Este domingo, en Quito hubo denuncias por la “represión desmedida” a los manifestantes, que fueron impedidos de marchar por la capital contra las decisiones de Noboa.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se refirió al despliegue policial y militar nunca antes visto en la urbe, cuestionó el “uso excesivo de la fuerza”, e hizo un llamado a las autoridades nacionales a encontrar una solución urgente y estructural a las demandas sociales.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la ciudad capital quedó “en paz” luego que un contingente de policías y militares reprimiera con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras a los asistentes a la protestas.
Para el Ejecutivo, los manifestantes son vándalos, revoltosos, terroristas, e incluso han sido acusados de tener vínculos con el crimen organizado, lo cual ha sido rechazado por la Conaie.
Ese es uno de los motivos por los que el Gobierno no acepta sentarse a dialogar, pues consideran a líderes indígenas, como el expresidente de la Conaie Leonidas Iza, representantes de “una minoría” que perdió en las elecciones.
El consultor político Décio Machado, en entrevista con Radio Pichincha, consideró que la administración apuesta por derrotar a la organización indígena mediante el agotamiento, estigmatizando a su dirigencia, persiguiendo, reprimiendo y provocando la reacción virulenta de las bases.
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