
Aunque las protestas antigubernamentales terminaron hoy en Ecuador, persisten las denuncias de violaciones de derechos humanos durante las movilizaciones que vivió esta nación sudamericana durante todo un mes.
El legislador Jaime Estrada, de la bancada opositora Revolución Ciudadana, anunció la presentación de una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones cometidas por la fuerza pública contra manifestantes.
Estrada precisó que, junto con la denuncia, solicitaron medidas cautelares para las víctimas directas de la represión y pidieron que la CIDH conforme una misión de observación que verifique la situación en el país.
“Aspiramos que se inicie un proceso de veeduría a las violaciones de derechos ocurridas durante las protestas”, declaró el legislador.
Las movilizaciones, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), comenzaron el 22 de septiembre en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y se extendieron por 31 días, con epicentro en la provincia de Imbabura.
Durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden murieron dos comuneros kichwas —Efraín Fuerez y José Guamán— por disparos presuntamente realizados por militares y una mujer de 61 años presuntamente por las afectaciones de los gases lacrimógenos.
Organizaciones de derechos humanos reportaron alrededor de 300 heridos y más de 140 detenciones, entre ellas doce personas procesadas por terrorismo.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anunció el fin del paro el miércoles, tras denunciar “brutal represión” contra las comunidades.
Horas después, el Ministerio del Interior confirmó que las fuerzas de seguridad comenzaron a despejar las vías bloqueadas.
Si bien el paro no consiguió revertir la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, analistas consideran que las movilizaciones consiguieron posicionar el descontento popular con el Gobierno.
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