Quito, 11 oct (Prensa Latina) Las protestas en Ecuador cumplen hoy 20 días con cierres viales en algunos puntos de la sierra, en rechazo al Gobierno de Daniel Noboa y a sus medidas económicas, especialmente el aumento del precio del diésel.
Según el último reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, las provincias de Imbabura y Pichincha concentran este sábado los bloqueos de carreteras por manifestaciones, impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Anoche, cientos de personas marcharon en el norte de Quito en rechazo a la represión por parte de la fuerza pública a los habitantes de San Miguel del Común, localidad del norte de la capital.
La Conaie emitió un comunicado donde se refiere a los “graves hechos” ocurrido en esa comunidad, donde “durante más de 12 horas la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo de represión, violencia estatal e infiltración.”
Los uniformados ingresaron violentamente al territorio, dispararon contra viviendas, lanzaron gases lacrimógenos dentro de los hogares y aterrorizaron a familias enteras, incluyendo mujeres, niños y personas mayores, cuestionó el movimiento indígena.
Por su parte, la Policía Nacional negó que hubiera infiltrados en San Miguel del Común, e indicó que los agentes realizaban un allanamiento autorizado por la autoridad competente, tras una alerta sobre el presunto almacenamiento de material pirotécnico y explosivos en el sector.
A su vez, la víspera miles de militares se desplegaron en Quito en el contexto de las protestas para “garantizar la seguridad del país, proteger infraestructura estratégica y mantener el orden público”.
En la ciudad capital se espera este domingo 12 de octubre una marcha de diversos sectores sociales desde Villaflora, en el sur de la urbe, hasta el parque El Arbolito, en el centro.
La Agencia Nacional de Tránsito advirtió que está prohibido utilizar unidades de transporte público o comercial para trasladar manifestantes hacia Quito u otras ciudades ya que, de evidenciarse colaboración o apoyo logístico, aplicarán sanciones severas.
El paro nacional, impulsado por el movimiento indígena, comenzó el 22 de septiembre en rechazo al fin del subsidio al diésel, aunque también reclaman la reducción del impuesto al valor agregado (IVA), mayor inversión en salud y educación, y el cese de la represión.
Unas 50 organizaciones internacionales de derechos humanos del continente condenaron en una carta pública el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad ante las protestas sociales.
El Gobierno, por su parte, insiste en que las medidas económicas son necesarias y ha reiterado que no dará marcha atrás con la eliminación de la subvención, decisión que detonó la actual ola de movilizaciones, ni están dispuestos a dialogar con “una minoría” que no representa al país.
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